En una decisión que reconfigura la política migratoria española, el Gobierno de Pedro Sánchez avanzará este martes con la aprobación de un Real Decreto para regularizar la situación de cerca de 500.000 inmigrantes indocumentados, sin necesidad de debate ni votación parlamentaria. El acuerdo fue sellado entre el PSOE y Podemos, y tendrá un impacto directo en la comunidad argentina residente en España.
La normativa alcanzará a todos los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia, independientemente de su situación migratoria previa.
Trámites más simples y acceso inmediato al trabajo
Uno de los ejes centrales del decreto es la flexibilización de los requisitos para demostrar la residencia en el país. Además del empadronamiento municipal, se aceptarán otros comprobantes como informes médicos, contratos de servicios básicos (luz o gas) o registros de envío de dinero.
El impacto de la medida será casi inmediato:
- Permiso automático: al iniciar el trámite, el solicitante obtendrá una autorización provisional de residencia y trabajo por un año.
- Suspensión de expulsiones: quedarán congeladas las órdenes de expulsión y los procesos de retorno por causas administrativas.
- Regularización definitiva: tras el primer año, se podrá solicitar una autorización ordinaria bajo el reglamento de extranjería.
Qué cambia para los argentinos en España
La decisión llega en un contexto de crecimiento sostenido de la migración argentina hacia España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se alcanzó un récord histórico de 415.987 argentinos registrados en el país.
Si bien la mayoría cuenta con documentación en regla, un sector permanece en situación irregular, especialmente quienes ingresaron como turistas y no lograron formalizar su residencia. Para ellos, el decreto abre la puerta a blanquear su situación laboral, acceder a derechos básicos y estabilizar su estadía.
De acuerdo con datos del centro de estudios Funcas, en España viven actualmente 840.000 inmigrantes en situación irregular, de los cuales el 91% proviene de países latinoamericanos, con Colombia, Perú y Honduras a la cabeza.
Duras críticas de la oposición
La utilización del Real Decreto para evitar el debate parlamentario generó un fuerte rechazo en la oposición. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, calificó la política migratoria del Ejecutivo como “disparatada” y acusó a Sánchez de intentar desviar la atención tras una reciente tragedia ferroviaria.
“Esta medida incrementará el efecto llamada y pondrá en jaque a los servicios públicos”, advirtió.
Desde Vox, el tono fue aún más agresivo. Su presidente, Santiago Abascal, acusó al mandatario de comportarse como un “tirano” y sostuvo que la regularización masiva promueve una “invasión migratoria”, en un nuevo capítulo de confrontación política en España.