La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del reclamo judicial de una madre entrerriana por la educación inclusiva de su hija adolescente con discapacidad y oriunda de Rosario del Tala. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado una acción de amparo contra el Consejo General de Educación (CGE) y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento con la urgencia que requiere el caso.
El conflicto se originó después de que las autoridades educativas ofrecieran alternativas de escolarización que, según la familia, no garantizaban una trayectoria secundaria completa. Entre las propuestas figuraba que la adolescente asistiera únicamente a cuatro materias, durante aproximadamente una hora diaria, cuatro veces por semana, publicó Infobae.
La resolución de la Corte, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuestionó que el tribunal provincial hubiera rechazado el amparo por considerar que existía un trámite administrativo pendiente, sin analizar si ese procedimiento podía brindar una solución efectiva al reclamo.
Cabe mencionar que el fallo judicial fue emitido a días de la visita del Papa León XIV a la Argentia, quien en su discurso ante el presidente Javier Milei, había indicado que "crear las condiciones para que los jóvenes puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, sostuvo el sumo pontífice ante el mandatario. “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, apuntó el Papa.
La propuesta educativa que originó el conflicto
La causa comenzó cuando la madre de la adolescente solicitó al Consejo General de Educación que elaborara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) adaptado a las necesidades de su hija, con el objetivo de garantizar su continuidad y formación dentro del sistema educativo.
Según consta en el expediente, la joven posee un Certificado Único de Discapacidad que registra distintas condiciones que afectan su visión, audición y otras capacidades. La familia reclamó una propuesta pedagógica que contemplara esas necesidades y permitiera desarrollar su trayectoria escolar en condiciones de inclusión.
En mayo de 2025, las autoridades educativas sugirieron que la adolescente, que ya cursaba el nivel secundario, continuara sus estudios en una escuela de educación especial. Ante la negativa de su madre, ofrecieron otra alternativa: asistir solamente a Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, durante aproximadamente una hora por día, cuatro días a la semana.
La propuesta excluía otras materias centrales del nivel secundario, situación que motivó la presentación judicial de la familia.
La Justicia había ordenado elaborar un proyecto individual
En primera instancia, el juez que intervino en el caso hizo lugar al amparo y ordenó al Consejo General de Educación elaborar un Proyecto Pedagógico Individual en un plazo de 20 días.
La resolución consideró que las alternativas ofrecidas a la adolescente no constituían una propuesta educativa integral ni estaban diseñadas de acuerdo con sus necesidades particulares. También señaló que la organización de las clases no cumplía con las exigencias establecidas por la normativa provincial.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo. Los magistrados provinciales entendieron que la familia debía continuar con un expediente administrativo que ya se encontraba en trámite ante las autoridades educativas.
Esa interpretación fue posteriormente cuestionada ante la Corte Suprema, que examinó si la existencia de otro procedimiento resultaba suficiente para impedir el tratamiento judicial del reclamo.
Qué resolvió la Corte Suprema
El máximo tribunal consideró que la existencia de una vía administrativa no podía utilizarse como argumento para rechazar automáticamente una acción de amparo. Los jueces señalaron que correspondía evaluar si ese procedimiento era realmente adecuado para proteger el derecho comprometido.
En particular, la Corte observó que las propias autoridades educativas habían informado que ya habían realizado las intervenciones correspondientes y presentado las alternativas disponibles en la localidad. Esa circunstancia ponía en duda que el trámite administrativo pudiera ofrecer una respuesta diferente.
El fallo sostuvo que “la admisibilidad de esta acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.
Para los magistrados, el Superior Tribunal entrerriano incurrió en un exceso ritual manifiesto al priorizar una cuestión formal sin examinar adecuadamente la eficacia de la vía administrativa. La Corte consideró que esa decisión vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Lorenzetti destacó el derecho a una educación efectiva
En su voto concurrente, el juez Ricardo Lorenzetti profundizó sobre las obligaciones del Estado para garantizar el acceso a la educación, especialmente cuando se trata de niños, adolescentes y personas con discapacidad.
El magistrado recordó que el derecho a la educación se encuentra reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En ese marco, señaló que el reconocimiento de un derecho no resulta suficiente si no se adoptan medidas concretas que permitan ejercerlo. También destacó la obligación estatal de garantizar condiciones de igualdad y oportunidades para desarrollar las capacidades de cada estudiante.
Lorenzetti coincidió en que una propuesta escolar limitada a cuatro materias, sin incluir contenidos fundamentales de la formación secundaria, no satisfacía los estándares mínimos establecidos por la normativa educativa provincial.
Ordenaron un nuevo fallo con carácter urgente
La Corte Suprema hizo lugar a la queja presentada por la familia, dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso que se dictara un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos.
La decisión no aprobó directamente un Proyecto Pedagógico Individual ni ordenó una modalidad escolar específica, sino que exigió que la Justicia provincial volviera a analizar el reclamo sin limitarse a cuestiones formales y teniendo en cuenta la protección efectiva del derecho a la educación de la adolescente.
De esta manera, el caso deberá recibir una nueva respuesta judicial que contemple las necesidades educativas de la joven y la urgencia de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar.