El Gobierno nacional aumentó un 1,9% los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad correspondientes a julio. La actualización fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad y se calculó en base a la inflación de junio.

La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, se fundamentó en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026, en cumplimiento del mecanismo de actualización previsto por la Ley 27.793.

Según la norma publicada este martes, el incremento será uniforme para todas las prestaciones, sin distinción por tipo de servicio, y se aplicará sobre los valores establecidos previamente por la Resolución 1297/2026.

La medida se enmarca en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901, cuyos aranceles son revisados periódicamente a partir de las propuestas formuladas por el Directorio del sistema.

En los considerandos, el Gobierno recordó que durante junio ya se había otorgado una actualización del 2,10%, también calculada en función de la evolución mensual del IPC.

Se mantiene el adicional para la Patagonia

La resolución ratificó además el reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Ese plus corresponde al concepto de zona desfavorable, previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901, y continuará vigente para los prestadores que desarrollen su actividad en esa región del país.

Qué establece la resolución

El artículo primero de la Resolución 2227/2026 dispuso que la actualización del 1,9% rija para los aranceles correspondientes a julio de 2026 y que los nuevos valores sean los incluidos en el anexo que integra la medida.

En tanto, el artículo segundo mantuvo el reconocimiento del adicional del 20% para las prestaciones realizadas en las provincias patagónicas.

La actualización forma parte del esquema de ajustes mensuales implementado por el Ministerio de Salud para adecuar los valores del nomenclador de prestaciones a la evolución de la inflación.