El bloque de diputadas y diputados “Más Para Entre Ríos” emitió un duro comunicado en el que repudió el fallo del juez Alejandro Maraniello, que restringió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Los legisladores advirtieron que la resolución judicial constituye un acto de censura y alertaron sobre la gravedad institucional de lo que consideran un intento del presidente Javier Milei de avasallar la libertad de expresión.

Cuestionamientos al fallo judicial

El pronunciamiento señaló que la decisión judicial afecta “gravemente el ejercicio periodístico” y vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en pactos internacionales suscriptos por la Argentina.

En ese sentido, remarcaron que son “escasos los episodios de semejante gravedad desde el retorno de la democracia”, al tiempo que criticaron la denuncia de las máximas autoridades nacionales, que alude a una supuesta operación de espionaje internacional “sin ningún elemento concreto”.

El bloque legislativo sostuvo que el fallo incluyó medidas extremas como la posibilidad de allanamientos a domicilios de periodistas, lo que calificaron como un hecho inédito y alarmante.

Derechos vulnerados y antecedentes

En el texto, los diputados recordaron que la resolución infringe el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. “Se ataca el derecho de los periodistas a desempeñar su función y se afecta a los ciudadanos en su derecho a acceder a información, sostén fundamental de la democracia”, expresaron.

Además, cuestionaron la actuación del juez Maraniello, “denunciado por graves delitos en el ejercicio de su función”, y advirtieron que el fallo conseguido por el presidente Milei vulnera garantías constitucionales básicas.

Advertencia sobre el contexto político y social

Los legisladores entrerrianos subrayaron que la difícil situación económica y social generada por las medidas del gobierno nacional “puede llevar a pensar que ya nada sorprende”. Sin embargo, señalaron que el episodio marca un precedente “de enorme gravedad, porque las máximas autoridades del país utilizan el poder que detentan para vulnerar derechos y quebrantar garantías constitucionales”, señalaron en el comunicado enviado a este medio.