La sesión en Diputados por endeudamiento familiar y discapacidad comenzó este miércoles después de que la oposición reuniera un quórum de 135 diputados. El objetivo central no consiste en aprobar inmediatamente las iniciativas, sino en emplazar a las comisiones correspondientes y establecer plazos para que emitieran dictamen sobre ambas problemáticas.
La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, entre ellos Argentina Federal. La Libertad Avanza aguardó hasta que la oposición consiguiera el número requerido y luego ocupó sus bancas para participar del debate, publicó Ámbito.
El temario incluye alrededor de 50 proyectos relacionados con la morosidad y el sobreendeudamiento familiar, una situación que alcanzaría a cerca de seis millones de argentinos. También se incorporó la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, cuyo período de vigencia concluía el 31 de diciembre.
La oposición busca obligar a las comisiones a tratar los proyectos y definir fechas concretas para la firma de los dictámenes. El oficialismo había habilitado previamente el debate en comisión y propuesto establecer un cronograma, pero los bloques convocantes decidieron mantener la sesión especial.
La disputa parlamentaria se concentró, de ese modo, en los tiempos legislativos. Los proyectos sobre endeudamiento y discapacidad no contaban todavía con
dictamen, por lo que no podían ser sancionados durante la jornada sin reunir mayorías especiales para habilitar su tratamiento sobre tablas.
La estrategia opositora apuntó a evitar que las iniciativas permanecieran sin resolución en las comisiones. Desde La Libertad Avanza habían intentado desactivar la convocatoria mediante la apertura de un cronograma de reuniones, pero los impulsores ratificaron el llamado al recinto.
El desafío de unificar 50 proyectos
Una vez conseguido el emplazamiento, los bloques deberán alcanzar un acuerdo sobre las diferentes propuestas destinadas a atender el endeudamiento familiar. La existencia de unos 50 expedientes convirtió la elaboración de un dictamen único en el principal desafío de la próxima etapa.
Los proyectos incluyeron mecanismos de refinanciación, límites a las tasas de interés, regulación de las empresas financieras digitales y protección de prestaciones sociales. También se presentaron iniciativas para crear una plataforma estatal que facilitara acuerdos entre deudores particulares y acreedores.
La falta de consenso sobre un texto común podría demorar el tratamiento en el recinto. Las diferencias se concentraron en el alcance de la asistencia, los tipos de deuda incluidos, la intervención del Estado y las obligaciones que se impondrían a bancos, billeteras virtuales y empresas tecnológicas.
Protección para beneficiarios de Anses
Una de las propuestas de Unión por la Patria, encabezada por Victoria Tolosa Paz, estuvo dirigida a personas que cobraban prestaciones de Anses mediante billeteras digitales y accedían a préstamos ofrecidos a través de esas aplicaciones.
El texto estableció que las decisiones tomadas mediante sistemas automatizados debían contar con una instancia de revisión humana. También propuso que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago estuvieran sujetos a reglas específicas de protección y transparencia.
La iniciativa fijó como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio informado por el Banco Central para los préstamos personales del sistema financiero. Además, planteó que ese tope no pudiera ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos administrativos u otros conceptos incorporados al crédito.
Información sobre el costo de los préstamos
El proyecto también obligó a informar el Costo Financiero Total antes de la contratación, de manera visible, clara y comprensible. Esa referencia debía incluir los intereses, las comisiones y los restantes gastos que conformaban el valor final del préstamo.
Otro punto estableció una protección para prestaciones de carácter alimentario, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan de los Mil Días.
Según la propuesta, los fondos provenientes de esos beneficios no podrían utilizarse mediante débitos automáticos para cancelar préstamos. La persona conservaría, sin embargo, la posibilidad de efectuar un pago voluntario y expresamente autorizado.
Una plataforma para reestructurar deudas
Otro grupo de diputados de Unión por la Patria, encabezado por Lucía Cámpora, impulsó la creación de un régimen unificado de reestructuración de deudas particulares.
La iniciativa propuso desarrollar una plataforma digital administrada por el Estado para centralizar las solicitudes y facilitar acuerdos entre consumidores y acreedores financieros.
Los procedimientos buscarían alcanzar planes de pago obligatorios y sustentables, de acuerdo con la capacidad económica del deudor. Los alcances del sistema y las condiciones de adhesión deberán discutirse durante el trabajo en comisión.
La propuesta de emergencia crediticia
El Frente de Izquierda presentó una iniciativa para declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias. El régimen incluiría pasivos vinculados con consumos de primera necesidad, como alimentos, salud y servicios públicos.
El proyecto contempló una refinanciación obligatoria y auditorías destinadas a revisar intereses considerados abusivos. Las obligaciones serían consolidadas en un único plan de pagos administrado mediante un fondo fiduciario.
La propuesta estableció requisitos para acceder al mecanismo, aunque esos criterios podrían modificarse si los bloques decidieran incorporar partes del texto a un dictamen consensuado.
Regulación de las fintech
El diputado radical Pablo Juliano presentó un proyecto para regular las prácticas de las empresas financieras tecnológicas y facilitar la reinserción de consumidores que se encontraran en una situación de endeudamiento crítico.
La iniciativa fijó estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera. También buscó limitar los denominados “patrones oscuros”, utilizados en algunas plataformas para orientar las decisiones de los usuarios.
El texto prohibió las interfaces diseñadas para ocultar el costo real del crédito, incentivar el endeudamiento acelerado o presionar mediante notificaciones permanentes sobre préstamos preaprobados.
Límites y alertas de endeudamiento
El socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos, entre ellos una propuesta para que las fintech quedaran bajo la regulación y supervisión del Banco Central.
El objetivo fue establecer un piso de obligaciones para el otorgamiento responsable de créditos mediante aplicaciones y plataformas digitales.
Las medidas incluyeron límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer préstamos o realizar débitos automáticos y prohibiciones contra prácticas discriminatorias.
La Emergencia en Discapacidad
El segundo eje de la sesión es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad sancionada durante 2025. La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, ratificada posteriormente por el Congreso y judicializada.
El diputado peronista Juan Marino impulsó una extensión por un año. La oposición y organizaciones relacionadas con la discapacidad sostuvieron que la prórroga resultaba necesaria debido al incumplimiento de medidas contempladas en la legislación.
La declaración de emergencia vencía el 31 de diciembre. Sin embargo, existieron interpretaciones diferentes sobre cuáles disposiciones perderían vigencia después de esa fecha y cuáles continuarían por tener carácter permanente.
Qué ocurriría sin una prórroga
Marino y las organizaciones que acompañaron la iniciativa interpretaron que, sin una extensión, dejaría de regir el capítulo que otorgaba al Poder Ejecutivo herramientas extraordinarias para asignar recursos al sistema de discapacidad.
Según esa lectura, los restantes capítulos seguirían vigentes porque modificaron otras leyes o establecieron medidas permanentes. Entre esas disposiciones se encontraba la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones según la inflación.
La interpretación podría ser discutida judicialmente si la prórroga no obtuviera sanción. Por ese motivo, los impulsores del proyecto buscaron extender formalmente la emergencia y evitar diferencias sobre la aplicación de la norma desde enero.
Los próximos pasos
Si la Cámara aprobaba los emplazamientos, las comisiones tendrían que reunirse dentro de los plazos establecidos, escuchar a los sectores involucrados y avanzar en la elaboración de los dictámenes.
En materia de endeudamiento, el principal trabajo consistirá en sintetizar las cerca de 50 propuestas en uno o varios textos con posibilidades de obtener mayoría. Para la emergencia en discapacidad, los bloques deberán resolver la duración y el alcance de la prórroga.
La sesión no representa, por lo tanto, la aprobación definitiva de un alivio para las personas endeudadas ni la extensión automática de la emergencia. El debate busca acelerar el tratamiento parlamentario y fijar fechas para que ambos asuntos regresen al recinto con dictamen.