El juez de instrucción Roberto Ponce tomó esta medida que además del empresario recayó en los suegros de la modelo, Horacio Alfredo Gravier y María Cristina Cirio.

En julio de 2014 Gravier y sus padres habían sido procesados por la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, por decisión de los los jueces Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González y Alberto Seijas. Antes habían existido dos sobreseimientos.

El delito que se les adjudicaba era "uso de documento público falso", con penas entre uno y seis años de cárcel. Para la imputación, el argumento fue que habían presentado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un "contrato de locación presuntamente simulado". Además, se duda de si las firmas de un escribano eran reales o habían sido falsificadas.