Una organización delictiva que realizaba llamadas extorsivas desde cárceles bonaerenses fue desarticulada tras una investigación encabezada por el fiscal Mariano Moyano, de Mar del Plata. La banda había montado una estructura similar a un centro de llamadas y, entre junio y octubre de 2026, efectuó más de 10.000 comunicaciones a distintos puntos del país para intentar estafar a sus víctimas.
Los sospechosos se hacían pasar por policías y utilizaban historias falsas sobre accidentes de tránsito, detenciones de familiares y supuestas emergencias económicas para exigir dinero. Una de las modalidades consistía en asegurar que un hermano o hijo de la víctima había atropellado a una mujer embarazada y necesitaba pagar una fianza para recuperar la libertad.
La investigación también permitió establecer que la organización presuntamente coordinaba violentas entraderas en viviendas, mediante grupos que actuaban fuera de las cárceles. A partir de los elementos reunidos, se realizaron allanamientos en tres establecimientos penitenciarios y se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones con datos de posibles víctimas.
Cómo funcionaba el centro de llamadas desde la cárcel
El principal centro de operaciones funcionaba en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos, en la provincia de Buenos Aires. Allí se encontraba alojado Hugo Carlos Miguel, conocido como "El Gitano", de 62 años, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio.
Según la investigación, el interno era uno de los principales encargados de realizar las llamadas. Para concretar los engaños utilizaba la identidad falsa de "subcomisario Gutiérrez", con la que intentaba convencer a las víctimas de que estaban frente a una situación policial real.
Las comunicaciones estaban dirigidas especialmente a adultos mayores. En algunos casos, los delincuentes aseguraban que un familiar había protagonizado un accidente grave y necesitaba dinero de manera urgente. En otros, simulaban ser hijos o sobrinos y solicitaban cambiar dólares ante un supuesto anuncio económico del Gobierno.
Más de 10.000 llamadas a distintas provincias
La organización contaba con una distribución de tareas entre internos de diferentes establecimientos penitenciarios. Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba, alojados en las unidades penales N° 44 y N° 15 de Batán, fueron señalados como los encargados de obtener información patrimonial de las potenciales víctimas.
Esos datos eran transmitidos a los integrantes que realizaban las llamadas desde Lisandro Olmos, donde se desarrollaba la principal actividad telefónica.
Los registros de las compañías de telefonía permitieron establecer que entre junio y octubre se efectuaron más de 10.000 llamadas salientes, con un promedio de al menos 50 comunicaciones diarias.
Los contactos tuvieron como destino distintas localidades bonaerenses y puntos de provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego, lo que permitió dimensionar el alcance territorial de las maniobras investigadas.
Una violenta entradera permitió avanzar en la investigación
La causa comenzó a partir de un intento de estafa ocurrido en julio en Mar del Plata. En aquella oportunidad, un hombre recibió una comunicación de supuestos policías que pretendían obtener sus ahorros mediante un engaño.
La víctima advirtió la maniobra y evitó entregar el dinero. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad y de las antenas telefónicas permitió vincular ese episodio con otros hechos delictivos.
Uno de los casos más graves ocurrió días después en una vivienda de la calle Artigas, donde varios delincuentes encapuchados ingresaron y atacaron a una mujer de 70 años.
Los asaltantes maniataron y golpearon a la víctima, además de provocarle cortes en los pies para exigirle dinero. Finalmente, escaparon con aproximadamente 600.000 pesos.
Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio. El análisis de su teléfono celular permitió a los investigadores descubrir conexiones con personas alojadas en distintos establecimientos penitenciarios.
Allanamientos en tres cárceles y secuestro de celulares
Con los elementos reunidos, efectivos de las Delegaciones Departamentales de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata y La Plata avanzaron con procedimientos simultáneos en tres cárceles bonaerenses.
Los allanamientos permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones que contenían nombres y números telefónicos de posibles futuras víctimas.
En la Unidad Penal de Lisandro Olmos fueron identificados Hugo Carlos Miguel y su compañero de celda Joel Aguirre. En tanto, en Batán se notificó de nuevas imputaciones a Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba.
Los investigadores continuaron con el análisis del material incautado para establecer la cantidad de damnificados, determinar el alcance económico de las maniobras e identificar posibles conexiones con otros hechos, señala Clarín.
El fiscal pidió prohibir los celulares en las cárceles
Tras conocerse los resultados de la investigación, el fiscal Mariano Moyano solicitó a las autoridades penitenciarias que se prohíba de manera urgente el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos carcelarios.
El funcionario judicial advirtió que la disponibilidad de estos dispositivos permitía a personas privadas de su libertad organizar delitos y mantener contacto con colaboradores externos.
En ese sentido, sostuvo que la utilización de celulares sin controles adecuados representaba un riesgo para la comunidad, debido a la posibilidad de coordinar estafas, extorsiones y robos desde los lugares de detención.