Desbarataron una organización criminal dedicada a realizar operaciones de cambio ilegal por sumas millonarias, tras una investigación ordenada por la Justicia en el marco de un procedimiento desarrollado por Policía Federal Argentina (PFA) y supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), quienes actuaron por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo del juez Rafael Caputo, con intervención de la Secretaría Nº 13, conducida por Hernán Vicente. La causa fue encomendada al Departamento Delitos Fiscales de la PFA, que inició tareas de inteligencia, campo y ciberpatrullaje.
Como resultado de esas pesquisas, los investigadores detectaron un inmueble ubicado en el barrio porteño de Liniers y dos comercios situados dentro de un centro comercial de la localidad bonaerense de Pilar. Según se determinó, esos lugares funcionaban como fachada de supuestos locales comerciales que eran promocionados en redes sociales, pero que en realidad operaban como “cuevas cambiarias”.
De acuerdo a la investigación, en esos espacios se realizaban de manera reiterada y organizada actividades financieras sin habilitación legal, como el cambio de divisas extranjeras, giros y transferencias al exterior, manejo de cheques y servicios vinculados al turismo.
Allanamientos y secuestros
Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó los allanamientos, que se concretaron con la anuencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Nº 3 de Máximo Castrillo.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 180 millones de pesos, alrededor de 115.000 dólares, 75.170 euros y 39.856 reales. Además, se incautaron seis CPU, una notebook, un DVR y documentación de interés para la causa.
En el marco del operativo fueron identificadas tres hombres y una mujer, quienes quedaron vinculados a la investigación judicial.
Colaboración del Banco Central
Desde la fuerza federal destacaron que los procedimientos se realizaron con la colaboración de personal del Banco Central de la República Argentina. Por orden judicial, todos los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo de esa entidad.
La causa continúa en trámite en el fuero penal económico, mientras se avanza en el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance total de las maniobras ilícitas.