La desaparición de Vialidad Nacional fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que cuestionó el Decreto 253/2026 por considerar que implica un cambio estructural en el sistema de mantenimiento de rutas del país. La norma, publicada el 16 de abril en el Boletín Oficial, establece la cesión a nueve provincias de la gestión de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.

Según el gremio conducido por Graciela Aleñá, la iniciativa oficial presentada como un proceso de descentralización constituye en realidad un avance hacia la precarización del sistema vial. En ese sentido, alertaron que la medida impactaría especialmente en las rutas no rentables y debilitaría el rol histórico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El decreto delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas nacionales ubicadas en sus jurisdicciones. La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Un cambio de modelo en la gestión vial

Desde el sindicato señalaron que la medida “altera de raíz el sistema vial argentino” al desconocer el marco establecido por el Decreto-Ley 505/58. Según explicaron, esa normativa define a la Dirección Nacional de Vialidad como el organismo rector del sistema troncal, con responsabilidad en la planificación, construcción y conservación de rutas bajo un criterio integral y federal.

En ese marco, STVyARA sostuvo que el nuevo esquema fragmenta la gestión y delega funciones centrales en las provincias y en actores privados. “Convierte rutas en unidades de negocio”, advirtieron, al tiempo que señalaron que el cambio implicaría un abandono del modelo solidario que garantizaba la conectividad territorial.

Asimismo, remarcaron que el interés del sector privado se concentraría en los corredores más rentables, aquellos con mayor tránsito y capacidad de cobro de peajes. Según indicaron, esto generaría un escenario desigual con rutas en buenas condiciones en zonas económicamente activas y deterioro en regiones con menor circulación.

Advertencias por desigualdad y desfinanciamiento

El gremio advirtió que el esquema propuesto podría derivar en “rutas de primera para los negocios y rutas destruidas para los pueblos”, lo que profundizaría las asimetrías entre provincias. En ese sentido, afirmaron que la medida rompe el principio de igualdad territorial y afecta el desarrollo federal.

Por otro lado, señalaron que el financiamiento de Vialidad Nacional se vio afectado por políticas de ajuste vinculadas al objetivo de déficit cero. Indicaron que la reducción de recursos impactó en la inversión, la continuidad de obras y el funcionamiento general del organismo.

“Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique”, expresaron desde el sindicato. En ese contexto, alertaron sobre posibles consecuencias en la infraestructura vial y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Apoyos y posicionamiento del sector

En el plano internacional y nacional, el STVyARA recibió el respaldo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que manifestaron su rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno.

Según se informó, los reclamos fueron presentados en foros internacionales del transporte con el objetivo de visibilizar la situación de la red vial argentina. Las organizaciones sindicales sostuvieron que la infraestructura de rutas cumple un rol estratégico en la integración territorial y económica del país.

Finalmente, el gremio reafirmó su postura en defensa del sistema actual. “Las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad, porque conectan pueblos, integran economías regionales y garantizan soberanía territorial”, señalaron. Además, concluyeron: “No vamos a aceptar el vaciamiento ni dejar caer la Dirección Nacional de Vialidad”.