Cristina Fernández presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso el decomiso de bienes que la exmandataria y Néstor Kirchner transfirieron a sus hijos en la provincia de Santa Cruz.

El conflicto legal se centra en un conjunto de 19 inmuebles, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, además de varios terrenos en Lago Argentino.

Según la defensa, liderada por el abogado Carlos Beraldi, estas propiedades fueron adquiridas por sus progenitores de forma onerosa con activos de origen legal y mediante operaciones lícitas, por lo que no deberían ser consideradas producto del delito enjuiciado.

Sin embargo, el TOF 2 validó el pedido de la fiscalía argumentando que los bienes fueron adquiridos por las personas condenadas dentro del periodo temporal investigado.

Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esta postura, consolidando el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados a título gratuito. Esta decisión habilitó el remate de los activos para alcanzar un resarcimiento al Estado superior a los 684.000 millones de pesos.

Por su parte, la defensa de la expresidenta, quien actualmente cumple una condena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sostiene que la medida es una "exégesis extensiva del instituto del decomiso" que vulnera los principios de inocencia y debido proceso.

Argumentan que, dado que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa, sus activos de origen lícito no deberían ser afectados por sanciones penales que deben recaer exclusivamente sobre los responsables.

Con la presentación de este recurso directo, la Corte Suprema deberá resolver ahora si revisa el alcance del decomiso o si deja firme la ejecución de las propiedades para satisfacer las condiciones de recuperación de activos fijadas por las instancias inferiores.