El Gobierno nacional oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de los servicios de practicaje y pilotaje, como parte del acuerdo alcanzado para desactivar el conflicto portuario que afectó la actividad fluvial y marítima durante los últimos días.
La medida fue establecida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El descuento se aplicará sobre los valores calculados de acuerdo con el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018.
La rebaja entró en vigencia de manera inmediata, aunque tendrá carácter provisorio. Su continuidad estará vinculada con la suspensión temporal de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para modificar la regulación del practicaje.
El acuerdo que permitió levantar las medidas
La Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron su conformidad con el recorte. La aceptación formó parte de las negociaciones destinadas a normalizar las operaciones en los puertos.
El acuerdo que permitió descomprimir el conflicto portuario también contempla la conformación de una mesa intersectorial permanente. En ese ámbito se analizará un nuevo reglamento para la actividad con la participación de los organismos y sectores involucrados.
El practicaje es un servicio mediante el cual profesionales especializados asesoran a los capitanes durante el ingreso, la salida y la navegación de los buques por zonas portuarias o pasos de mayor complejidad. Su interrupción había generado dificultades para el transporte y el comercio exterior.
Cómo se originó la disputa
La tensión comenzó después de la publicación del Decreto 690/2026, que modificaba el reglamento vigente desde 1991. La reforma buscaba eliminar regulaciones y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al mercado.
Las organizaciones del sector rechazaron los cambios y pusieron en marcha medidas de fuerza. Ante la posibilidad de una mayor paralización, el Gobierno suspendió temporalmente la reforma y restituyó el marco anterior mediante el Decreto 716/2026.
La negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad permitió reanudar el servicio y contener el conflicto portuario. Mientras se discute una nueva regulación, continuarán vigentes tanto el esquema anterior como la reducción del 20% en las tarifas máximas.