El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó la condena a prisión perpetua de María Elena Irusta, declarada culpable como coautora del asesinato de la docente Beatriz Fernández, de 62 años. El crimen ocurrió el 8 de abril de 2024, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en la zona de Villa 3 de Febrero, departamento Nogoyá.
La resolución de la Sala Penal del máximo tribunal provincial dejó firme en esa instancia la pena impuesta a la mujer, quien había sido considerada responsable de participar en la planificación del homicidio. La sentencia original fue dictada después de que un jurado popular la declarara culpable en septiembre de 2025.
El 22 de octubre de 2026, el STJ rechazó la concesión del recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Irusta, que pretendía llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, se mantuvo la condena a la pena máxima prevista por el Código Penal.
María Elena Irusta fue juzgada mediante el sistema de jurados populares, que determinó su responsabilidad penal por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautora.
Tras el veredicto, el juez técnico Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, le impuso la pena de prisión perpetua. Posteriormente, la condenada fue trasladada a la Unidad Penal Nº 6 de Mujeres, ubicada en Paraná.
Su defensa, encabezada por el abogado Augusto Lafferriere, presentó un recurso ante la Cámara de Casación Penal de Paraná. Sin embargo, el planteo fue rechazado, por lo que acudió a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
La última resolución conocida también resultó desfavorable para Irusta, debido a que los magistrados denegaron la concesión del recurso extraordinario federal. Esto impidió, por esa vía, que el planteo avanzara directamente hacia la Corte Suprema.
Tres condenados por el asesinato de Beatriz Fernández
La investigación judicial estableció la participación de tres personas en el asesinato de la docente: Hugo del Luján Bonadeo, esposo de la víctima; Gustavo "Murdoc" Quinodoz; y María Elena Irusta.
A diferencia de Irusta, los otros dos involucrados reconocieron su responsabilidad en el hecho mediante un juicio abreviado celebrado ante el juez Dante Tortul, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.
En ese procedimiento, Bonadeo y Quinodoz aceptaron sendas condenas a prisión perpetua. Irusta, por su parte, decidió enfrentar un juicio por jurados, en el que finalmente fue declarada culpable.
Durante el debate oral, Quinodoz, quien confesó haber cometido el asesinato, brindó detalles sobre la planificación del crimen y señaló que había sido contactado por Irusta para llevar adelante el hecho.
El testimonio del autor confeso del homicidio
Una de las declaraciones centrales del juicio fue la de Gustavo Quinodoz, quien relató las circunstancias en las que fue convocado para participar del asesinato de Fernández.
El hombre manifestó su arrepentimiento por lo sucedido y expresó ante el tribunal: “Yo no nací para matar”.
También reconoció la gravedad de su participación en el homicidio y afirmó: “El peor error de mi vida fue quitarle la vida a una persona”.
En su declaración, Quinodoz reveló que le habían prometido una importante cantidad de dinero para cometer el crimen. Sin embargo, aseguró que únicamente había recibido 50.000 pesos, una suma inferior a la que, según sostuvo, le habían ofrecido inicialmente.
La hipótesis económica detrás del asesinato
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, sostuvo que María Elena Irusta había tenido un papel central en la organización del homicidio.
La acusación la señaló como la “jefa de la banda” y consideró que había sido la principal responsable de coordinar las acciones que culminaron con el asesinato de la docente.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el móvil del crimen había sido económico. La investigación vinculó el homicidio con conflictos derivados de compromisos que Hugo del Luján Bonadeo había asumido con su esposa, Beatriz Fernández.
El jurado popular consideró acreditada la responsabilidad de Irusta y emitió un veredicto de culpabilidad que posteriormente derivó en la imposición de la prisión perpetua. (Fuente: Análisis)