REDACCIÓN ELONCE
Una pareja condenada por narcotráfico recibió una pena de siete años de prisión tras ser considerada responsable de liderar una organización dedicada a comprar cocaína de alta pureza en Buenos Aires para trasladarla y distribuirla posteriormente en Paraná y otras localidades de Entre Ríos. La sentencia alcanzó a Andrea Fabiana Vargas y Néstor Rodríguez Sanabria.
El Tribunal Oral Federal de Paraná declaró a ambos coautores del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Además de la pena de prisión, impuso a cada uno una multa de 14.800.500 pesos. La resolución fue firmada por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Noemí Marta Berros y Mariela Emilce Rojas.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal José Ignacio Candioti y del fiscal auxiliar Juan Podhainy, mientras que la defensa de la pareja fue ejercida por Augusto Lafferriere. La pesquisa determinó que los acusados realizaban viajes frecuentes hacia Buenos Aires para adquirir cocaína que luego ingresaban a territorio entrerriano.
Cocaína de alta pureza y viajes hacia Buenos Aires
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la calidad de la droga adquirida. Según se determinó en el expediente, se trataba de cocaína de alta pureza que presentaba como distintivo el sello del “Delfín”. El material era comprado en Buenos Aires y posteriormente trasladado hacia Entre Ríos para su distribución, publicó Análisis.
Vargas y Rodríguez Sanabria residían en San Benito, lugar que los investigadores identificaron como la base desde la cual se organizaban los movimientos para conseguir los estupefacientes. La reconstrucción judicial indicó además que parte del dinero generado era llevado hasta Concordia para ser convertido de pesos a dólares.
Según la hipótesis investigativa, las divisas obtenidas mediante esas operaciones eran utilizadas posteriormente para comprar importantes cantidades de cocaína en Buenos Aires. Una vez adquirida, la droga regresaba a Entre Ríos para su almacenamiento y distribución en Paraná y alrededores.
La persecución que terminó con la organización
El procedimiento que permitió desarticular la estructura ocurrió el 19 de diciembre de 2024, después de una investigación que se extendió durante aproximadamente siete meses. La Policía tenía individualizada una camioneta Kia Sportage blanca y preparó un operativo para interceptarla sobre la Ruta Provincial 11, cerca del ingreso al complejo termal de Victoria.
Los ocupantes no se detuvieron ante la orden policial y comenzó una persecución por las rutas provinciales 11 y 26. La fuga continuó luego por un camino vecinal y se extendió durante varios kilómetros entre los departamentos Victoria y Nogoyá.
Durante el escape fueron arrojados dos bolsos desde el vehículo. Finalmente, los efectivos lograron interceptar la camioneta y detener a Rodríguez Sanabria y Vargas. Durante el procedimiento, según se informó entonces, la mujer se resistió a bajar y llegó a morder a una funcionaria policial.
Los bolsos contenían más de 18 kilos de cocaína
Una vez concretadas las detenciones, los investigadores reconstruyeron el recorrido de la persecución para recuperar los elementos descartados. Dentro de los dos bolsos encontraron 18 paquetes rectangulares, compactos y encintados.
Las pericias determinaron que contenían clorhidrato de cocaína y que el cargamento alcanzaba un peso total de 18 kilos y 737 gramos. Además, dentro de la Kia Sportage fueron secuestrados 300.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y varios chips correspondientes a distintas compañías.
El resultado del procedimiento derivó en ocho allanamientos en Paraná y uno en Concordia, ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Paraná. Esas medidas permitieron incorporar nuevos elementos y profundizar la reconstrucción del circuito atribuido a la organización.
Millones de pesos y dólares secuestrados
En los allanamientos se encontraron más estupefacientes, importantes sumas de dinero en moneda argentina y extranjera, un arma de fuego, municiones, teléfonos, máquinas contadoras de billetes, vehículos y documentación considerada relevante para la causa.
Los procedimientos permitieron incautar cerca de 60 millones de pesos y más de 61.000 dólares, además de euros, reales y pesos uruguayos. También fueron secuestrados un Peugeot 307, un Toyota Yaris y la camioneta Kia Sportage utilizada durante la persecución.
En aquel momento fueron detenidos tres hombres y dos mujeres por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737. El avance de la investigación modificó posteriormente la situación procesal de los involucrados y definió quiénes serían sometidos al debate oral y quiénes resolverían sus casos mediante otras vías.
Dos mujeres fueron condenadas en juicio abreviado
A diferencia de Vargas y Rodríguez Sanabria, que afrontaron el juicio común, Araceli Tamara Blanco y Dana Milagros Zatti resolvieron sus situaciones mediante un juicio abreviado. Ambas fueron representadas por el abogado Claudio Berón.
En el acuerdo reconocieron su responsabilidad como partícipes secundarias y aceptaron una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión. Según la acusación, Blanco operaba una boca de expendio de estupefacientes, mientras que Zatti, hija de Vargas, acompañaba a la pareja durante viajes destinados a comprar droga.
El Tribunal dispuso que ambas cumplieran sus respectivas penas bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a que tienen a su cargo niños menores de cinco años. En el caso de Blanco, también se acordó decomisar el dinero secuestrado durante los procedimientos para destinarlo al pago de la multa.
La detención de Zatti tras regresar de México
Dana Zatti no había sido detenida junto con su madre y Rodríguez Sanabria durante el operativo de diciembre de 2024. Después de aquellos procedimientos viajó a México acompañada por su pareja.
Su detención se concretó aproximadamente dos meses más tarde, cuando intentó regresar a la Argentina. Fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y quedó incorporada formalmente al proceso que investigaba el funcionamiento de la organización.
La acusación le atribuyó haber acompañado a Vargas y Rodríguez Sanabria en los viajes destinados a conseguir estupefacientes, mientras que a Blanco se le adjudicó un papel en el tramo final de comercialización mediante una boca de expendio.
La “cueva” de Concordia y la ruta del dinero
Otro punto relevante de la investigación estuvo ubicado en Concordia. Según la causa, en un domicilio de la zona de calles Niez y Colón funcionaba un lugar donde se realizaban operaciones de cambio de importantes cantidades de moneda.
Durante el allanamiento efectuado en diciembre de 2024 fueron secuestrados allí 61.600 dólares y más de 55 millones de pesos, además de euros, guaraníes y reales. La hipótesis sostuvo que miembros de la organización cambiaban allí pesos por dólares antes de viajar a Buenos Aires para comprar cocaína.
El lugar quedó vinculado a Tomás Agustín Jacobi, quien sostuvo que desconocía la procedencia del dinero y que solamente realizaba las operaciones solicitadas por quienes concurrían al domicilio. En esta investigación quedó con falta de mérito, situación que no equivale a un procesamiento ni a un sobreseimiento.
Una conexión con otra causa judicial
Jacobi también fue mencionado en una investigación diferente relacionada con el presunto desvío de fondos públicos destinados a comedores de Concordia, expediente que tiene entre sus principales acusadas a la exdirectora departamental de Comedores Silvina Murúa.
En aquella causa se investigó si Murúa había concurrido al mismo lugar para convertir pesos en dólares. Se trata, no obstante, de expedientes independientes y las eventuales responsabilidades deben establecerse por separado. Frente a ambas investigaciones, Jacobi afirmó que desconocía el origen del dinero de sus clientes.
En el expediente de narcotráfico, la investigación del circuito financiero permitió reconstruir la presunta mecánica utilizada para financiar las compras de cocaína. El cambio de moneda constituía, según la hipótesis, un paso previo a los viajes hacia Buenos Aires.
La sentencia del Tribunal Oral Federal cerró el proceso actual con siete años de prisión para Vargas y Rodríguez Sanabria por comercialización de estupefacientes agravada y penas de cuatro años y cuatro meses para las otras dos integrantes que admitieron su participación secundaria.