Cinco personas, entre ellas la titular del Registro Civil de Pocito, San Juan, fueron condenadas por integrar una organización que falsificaba DNI para cometer estafas.

A la funcionaria se le impuso una pena de 4 años y 8 meses de prisión y al resto de los integrantes de la banda, otras de hasta 5 años y 4 meses. Hacían documentos materialmente auténticos a nombre de personas reales, pero con los datos biométricos de otras, para solicitar créditos y adquirir bienes que luego comercializaban. Un sexto imputado obtuvo una pena de ejecución condicional por hechos vinculados a la maniobra. El perjuicio económico estimado supera los 142 millones de pesos.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, determinó un perjuicio económico superior a los 142 millones de pesos.

Las condenas fueron homologadas por el juez con funciones de revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi, en audiencias realizadas el 7 y 14 de mayo pasado.

Natalia Lorena Castillo, extitular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por 4 años, como miembro de la asociación ilícita que operó desde el 27 de agosto de 2024 hasta mediados del año 2025. También fue condenada por tenencia ilegítima de documentación—delito previsto en el artículo 33 inciso c de la Ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional—, por los 197 documentos nacionales de identidad auténticos secuestrados durante un allanamiento en su domicilio.

Asimismo, debido a su intervención en 23 casos de tramitación irregular de DNI y a la tenencia ilegal de documentación oficial, Castillo también fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionaria pública.

El fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez en una de las audiencias de homologación de los acuerdos plenos. Foto: Unidad Fiscal San Juan

Por su parte, a Rolando Javier Navarro Saide, señalado como jefe de la organización, se le impuso la pena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo, fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión, en calidad de miembros.

Todos fueron condenados por integrar una asociación ilícita de más de tres personas, en concurso real con 36 hechos de uso de documentos adulterados destinados a acreditar identidad, en concurso ideal con estafas. Además, se les atribuyeron 18 hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar identidad en grado de tentativa, y un hecho consumado de esas mismas características.

En tanto, un sexto imputado ajeno a la estructura de la asociación, Marcos Esteban Vallejo, fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por ocho hechos de uso de DNI verdadero con datos falsos, en concurso ideal con estafas.

La investigación

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires, quien advirtió que se había utilizado un DNI con fotografía y huellas dactilares ajenas para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales a su nombre. Las primeras medidas permitieron vincular las maniobras con la sede Pocito del Registro Civil, en la provincia de San Juan, y detectar la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.

Ese “caso testigo” —tal como fue denominado por la fiscalía— derivó en allanamientos y en el secuestro de prueba documental y digital que permitió formalizar la investigación penal el 2 de julio de 2025. A partir de esas tareas, la Unidad Fiscal San Juan logró reconstruir el funcionamiento de la organización liderada por Navarro Saide, quien coordinaba una estructura con roles definidos, lo que luego de realizar nuevos allanamientos, permitió ampliar las imputaciones en audiencias realizadas los días 24 y 25 de septiembre del año pasado.

Según se acreditó, la maniobra consistía en identificar potenciales víctimas, reclutar personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar DNI falsos, y la tramitación y seguimiento de los nuevos ejemplares de DNIs. Luego, con esa documentación, se gestionaban créditos y se adquirían bienes —principalmente electrodomésticos— que posteriormente eran vendidos en el mercado informal. El monto total de las estafas atribuidas ascendió a 142.686.278,20 pesos.

La investigación estableció que la organización contaba con la participación de Castillo, quien aprovechando su condición de funcionaria pública y del uso de claves de acceso al sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), facilitaba el ingreso de los miembros de la banda en horarios específicos para eludir controles internos.

Además, Castillo realizó la carga de datos filiatorios auténticos de las víctimas, pero incorporando las huellas dactilares y fotografías de las personas enviadas por la organización. De ese modo, se emitieron documentos materialmente auténticos por provenir de un organismo oficial, aunque ideológicamente falsos porque los datos biométricos (fotografías y huellas dactilares) no correspondían con los titulares de esos DNI.

Si bien los sistemas de control del RENAPER detectaron inconsistencias y bloquearon 18 trámites, la organización logró concretar al menos cinco emisiones de documentos que luego fueron utilizados para solicitar créditos y efectuar compras tanto de manera presencial como virtual.

Reparación de las víctimas

Durante los allanamientos realizados en junio y septiembre de 2025 se secuestraron distintos bienes adquiridos mediante las maniobras investigadas. En el marco de los acuerdos, se dispuso la restitución de esos elementos a las firmas comerciales damnificadas.

Además, se incautaron vehículos y electrodomésticos destinados a reparar económicamente a las víctimas. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal reconoció expresamente la calidad de víctimas de las personas cuyos DNI fueron emitidos con datos falsos y acordó que los bienes decomisados fueran destinados a su reparación económica, conforme a lo previsto en los artículos 29 y 30 del Código Penal.