El pedido de acceso a la información pública sobre la contratación de Teknofood S.A. para abastecer con desayunos y meriendas a comedores escolares de Entre Ríos abrió un nuevo capítulo en torno a uno de los contratos más importantes adjudicados por el Gobierno provincial.

El abogado Rubén Pagliotto presentó un requerimiento formal ante el Ministerio de Desarrollo Humano, que conduce Verónica Berisso, para conocer cómo se llevó adelante la contratación, cuáles fueron los criterios de selección de la empresa y qué condiciones económicas y técnicas sustentan un acuerdo que, según señaló, supera los 43.000 millones de pesos.

La presentación fue realizada al amparo de la Ley Provincial Nº 11.191 de Acceso a la Información Pública, norma que garantiza a cualquier ciudadano el derecho de solicitar información vinculada con actos de gobierno. El escrito contiene 24 requerimientos concretos, mediante los cuales el letrado busca acceder a documentación oficial sobre el proceso administrativo, el contenido del contrato, los antecedentes de la firma adjudicataria y los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a modificar el sistema de provisión de alimentos para las escuelas.

Para Pagliotto, el eje del planteo trasciende la discusión política y se inscribe en un derecho que considera esencial para el control ciudadano de la administración pública. "Se trata de información acerca de actos de gobierno. Es información pública y, por lo tanto, los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo se administran los recursos del Estado", sostuvo al explicar los motivos que impulsaron la presentación.

Un contrato millonario bajo la lupa

El abogado explicó que el pedido surgió luego de conocerse la adjudicación del servicio a una única empresa para abastecer establecimientos educativos de toda la provincia. Según afirmó, la magnitud económica del contrato y la escasa información difundida oficialmente despertaron interrogantes que, entiende, deben ser respondidos por el Estado.

"Surge en estos días prácticamente de golpe y porrazo una contratación de una empresa para proveer desayunos y meriendas en las escuelas de Entre Ríos. Estamos hablando de una cifra millonaria en medio de la opacidad y eso amerita, como mínimo, conocer cómo se tomó esa decisión", expresó.

El planteo apunta, precisamente, a despejar esas dudas mediante información oficial. "Hice un pedido de información pública al Gobierno de Entre Ríos, concretamente al Ministerio de Desarrollo Humano, para que explique las circunstancias de esta contratación. No se trata de opiniones; quiero acceder a la documentación que respalda un acto administrativo de semejante magnitud", remarcó.

Las preguntas que el Gobierno deberá responder

Entre los principales puntos incluidos en el pedido figura el procedimiento utilizado para seleccionar a Teknofood S.A. Pagliotto pretende conocer si existió una licitación pública, un concurso de precios u otro mecanismo previsto por la legislación vigente, además de los criterios técnicos y económicos considerados durante la evaluación de las ofertas.

También solicita copia del contrato, los pliegos de contratación, los informes técnicos que respaldaron la adjudicación y la identificación de los funcionarios que intervinieron en el expediente. Otro de los aspectos centrales es el detalle del costo de cada uno de los productos que integrarán los desayunos y meriendas.

En ese sentido, el abogado fue categórico: "No quiero saber solamente cuánto cuesta el contrato; quiero saber el precio unitario de cada producto. Quiero conocer cuánto paga el Estado por cada leche, por cada galletita, por cada alimento que llegará a los chicos."

El impacto sobre el sistema de compras

Uno de los cuestionamientos que atraviesa la presentación está vinculado con el cambio del esquema de abastecimiento para los comedores escolares. Según sostuvo Pagliotto, el nuevo sistema concentra la provisión en un único proveedor y deja atrás un modelo que permitía realizar compras distribuidas en distintas localidades de la provincia.

A su entender, esa modificación no solo implica un cambio administrativo, sino también un impacto económico sobre pequeños comerciantes, panaderías, almacenes y proveedores locales que históricamente abastecieron a las escuelas.

"Empresas sin antecedentes, un negocio multimillonario en puerta, transferencia de recursos que afecta a las pequeñas y medianas empresas locales, sobre todo en una provincia que es productora de alimentos", advirtió al explicar una de las preocupaciones que motivaron su presentación.

El letrado insistió en que el objetivo del pedido no es cuestionar de antemano la contratación, sino verificar que el procedimiento haya respetado los principios de transparencia, publicidad e igualdad que deben regir toda contratación pública. "Pregunto cuál fue el sistema de selección, quiénes participaron, cuáles fueron los criterios utilizados y por qué se eligió a esta empresa", resumió.

Los antecedentes que también generan interrogantes

Además del procedimiento de contratación, el abogado incorporó otro aspecto que considera indispensable esclarecer: los antecedentes de Teknofood S.A. en otras provincias y la evaluación que realizó el Estado antes de adjudicarle un contrato de semejante magnitud.

Según explicó, dentro de las 24 preguntas formuladas solicita expresamente conocer si el Ministerio analizó los antecedentes comerciales y administrativos de la firma y si tomó en consideración las observaciones que trascendieron en distintas jurisdicciones donde la empresa también prestó servicios.

Pagliotto explicó que uno de los ejes centrales de su presentación apunta a determinar si el Gobierno provincial evaluó exhaustivamente el historial de la empresa antes de adjudicarle un contrato de semejante envergadura. En ese sentido, solicitó conocer qué antecedentes fueron considerados y si existieron informes técnicos o administrativos que respaldaran esa decisión.

"Quiero saber si se tomaron en cuenta los pésimos antecedentes que esta empresa tuvo en otras provincias, porque eso también forma parte del deber de diligencia que tiene el Estado antes de celebrar un contrato de esta magnitud", sostuvo.

El abogado hizo referencia a situaciones que trascendieron públicamente en provincias como San Juan, Corrientes y Santiago del Estero, donde —según indicó— hubo cuestionamientos vinculados con la prestación del servicio alimentario. Precisó que su intención no es trasladar automáticamente esas experiencias a Entre Ríos, sino conocer si fueron analizadas por la administración provincial antes de avanzar con la contratación.

Por ese motivo, dentro del pedido de acceso a la información pública requirió que el Ministerio informe si solicitó antecedentes comerciales, técnicos y financieros de Teknofood S.A., si evaluó eventuales observaciones registradas en otras jurisdicciones y cuáles fueron los elementos objetivos que justificaron su elección frente a otras posibles alternativas.

"Esto no es pavada": la preocupación por la calidad de los alimentos

Otro de los capítulos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la calidad nutricional de los productos que recibirán los alumnos. Para Pagliotto, el debate excede cualquier discusión administrativa porque involucra un derecho básico de niños y adolescentes.

"Está en juego algo que trasciende el dinero. Esto no es pavada. Se trata de un derecho humano de primera generación, una necesidad básica que es insustituible, que se llama alimentación necesaria y alimentación correcta", afirmó.

El abogado cuestionó el reemplazo de preparaciones elaboradas en cada establecimiento por alimentos industrializados y recordó que, históricamente, muchas escuelas confeccionaban parte de los desayunos y meriendas con materias primas adquiridas en comercios de la zona.

"Me contaban que ellas preparaban el arroz con leche, hacían distintas elaboraciones con productos frescos. Ahora eso desaparece para ser reemplazado por productos industrializados", señaló.

En la misma línea, manifestó su preocupación por la composición de algunos de los alimentos incluidos en el nuevo esquema de provisión.

"El bizcocho, la galleta, la leche... hoy ya ni siquiera es leche, sino elementos con base láctea. Van a ser alimentos ultraprocesados", cuestionó durante la entrevista con Elonce.

Las críticas de otros sectores

Pagliotto aclaró que los reparos sobre la calidad alimentaria no provienen únicamente de su análisis jurídico. Según expresó, distintas organizaciones y especialistas también formularon observaciones respecto del nuevo sistema.

"No solo soy yo el que me estoy quejando de esto; se está quejando AGMER y el Colegio de Profesionales de la Nutrición hace una fortísima crítica, muy fundada científicamente, sobre la pésima calidad que van a tener los desayunos y meriendas porque son todos alimentos ultraprocesados", aseguró.

En ese marco, sostuvo que la administración provincial debería explicar cuáles fueron los criterios nutricionales utilizados para diseñar los menús y si existieron dictámenes de especialistas independientes que avalaran la composición de los productos.

El planteo también incluye interrogantes sobre los mecanismos de control que se implementarán durante la ejecución del contrato, la forma en que se verificará la calidad de los alimentos y las eventuales sanciones previstas ante posibles incumplimientos.

Los plazos legales y la posibilidad de un amparo

El pedido fue presentado conforme a la Ley Provincial Nº 11.191, que establece un plazo de 15 días hábiles administrativos para que el organismo requerido responda, con la posibilidad de una prórroga por otro período similar cuando existan razones fundadas.

Pagliotto explicó que aguardará la contestación oficial y remarcó que el espíritu de la presentación no es generar una confrontación política, sino ejercer un derecho reconocido por la legislación vigente. "Todo este combo me movió, me movilizó por una cuestión de conciencia ciudadana, a promover este pedido de informes", expresó.

No obstante, advirtió que, si la respuesta fuera inexistente, incompleta o insuficiente, recurrirá a la Justicia para garantizar el acceso a la documentación solicitada. "Si dentro de los 15 días hábiles que marca la ley el Estado guarda silencio o me da información incompleta o información turbia, la ley me habilita a interponer un amparo", afirmó.

El abogado recordó que ese mecanismo judicial constituye una herramienta específica prevista para asegurar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y confió en que el Ejecutivo provincial responderá dentro de los plazos legales. "Una jueza o un juez de esta provincia va a obligar al Gobierno, bajo apercibimiento de iniciar una causa por desobediencia judicial, a que me brinde la información requerida", concluyó.