La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos dio inicio este jueves a un ciclo provincial de capacitación destinado a trabajadores de la salud, enfocado en las experiencias y desafíos de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. La propuesta reunió a participantes de toda la provincia, tanto de manera presencial como virtual, y se extenderá hasta noviembre con cinco módulos temáticos.

En diálogo con Elonce, el secretario de Derechos Humanos de ATE Entre Ríos, Matías Passis, explicó que la iniciativa convocó a 100 personas de forma presencial y otras 150 mediante la modalidad virtual.

"Hoy comienza la capacitación sobre desafíos y experiencias en salud mental en la provincia de Entre Ríos, están anotadas 100 personas de forma presencial y 150 de manera virtual", señaló.

El dirigente detalló que el primer encuentro estuvo dedicado a una introducción al campo de la salud mental y los derechos humanos, mientras que el resto del cronograma abordará distintas problemáticas vinculadas con la atención sanitaria.

"Son cinco módulos. El primero es una introducción al campo de la salud mental. Tenemos otro módulo de consumos problemáticos, uno de asistencia en crisis y el rol de enfermería en salud mental, otro sobre atención primaria y salud mental, y finalizamos en noviembre con un módulo que se llama 'La salud de los trabajadores', sobre cómo impacta trabajar en salud mental en la salud de quienes desempeñan esa tarea", explicó.

Capacitación para toda la provincia

Passis destacó que la modalidad híbrida permitió ampliar la convocatoria a trabajadores de hospitales, centros de salud y distintas dependencias estatales de Entre Ríos.

"Hay compañeros de todas las localidades de la provincia. Se han sumado trabajadores de hospitales, centros de salud, programas, ministerios y oficinas. Está destinado a los trabajadores de la salud y estamos muy contentos con la propuesta".

Asimismo, resaltó que cada uno de los módulos será dictado por especialistas con amplia trayectoria en la materia.

"Nos acompañan Adriana Beade y Analía Bressán, docentes, investigadoras y referentes en el campo de la salud mental de la provincia. Todos los módulos serán dictados por especialistas, lo que nos parece muy importante para brindar herramientas a los trabajadores del Estado".

Reclamo por mayor presupuesto

Consultado sobre la situación actual del sector, el secretario de Derechos Humanos de ATE sostuvo que los trabajadores de salud mental enfrentan dificultades similares a las del resto del empleo público.

"Siempre es una situación, como en el conjunto de los trabajadores estatales, de bajos salarios, pocos recursos y una infraestructura que necesita una actualización".

En ese sentido, recordó que la provincia adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental, que impulsa un cambio de paradigma hacia dispositivos comunitarios y territoriales, en reemplazo del modelo centrado en hospitales psiquiátricos.

"La propuesta es avanzar hacia dispositivos de trabajo en el territorio, como casas de medio camino o centros especializados sin internación, con un fuerte anclaje territorial y un abordaje interdisciplinario".

Sin embargo, afirmó que esa transformación encuentra obstáculos por la escasez de recursos.

"Es una permanente disputa en términos presupuestarios y de decisión política. La Ley Nacional de Salud Mental plantea que el 10% del presupuesto destinado a salud debe asignarse a salud mental, pero desde 2010 nunca ha superado el 2%".

Críticas al proyecto de reforma de la ley

Durante la entrevista, Passis también expresó la postura de ATE frente al proyecto impulsado a nivel nacional para modificar la Ley de Salud Mental.

"Nuestra postura es que primero necesitamos implementar la Ley Nacional de Salud Mental tal cual está. No estamos negados a discutir modificaciones, pero lo que hemos estudiado es que los cambios propuestos empeoran las condiciones".

Entre los puntos cuestionados mencionó la eliminación de referencias al financiamiento nacional para las provincias, la posibilidad de habilitar nuevos hospitales monovalentes y el mayor protagonismo otorgado a la figura del psiquiatra.

"En Entre Ríos hay 38 psiquiatras en la función pública y están renunciando por las condiciones salariales que ofrece el Estado. Si se exige exclusivamente la función del psiquiatra para determinados procesos, será aún más difícil generar internaciones y garantizar tratamientos".

Finalmente, sostuvo que fortalecer la capacitación de los trabajadores constituye una herramienta fundamental para mejorar las políticas públicas de salud mental y garantizar una atención acorde a los principios establecidos por la legislación vigente. Elonce.com