Una investigación de la Justicia Federal derivó este lunes en un amplio despliegue de allanamientos simultáneos en las localidades entrerrianas de Crespo y Gualeguay, además de procedimientos en el partido bonaerense de Cañuelas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto lavado de activos y delitos vinculados al Régimen Penal Tributario.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional conducida por Nicolás Eduardo Beltzer. En total, se concretaron 20 allanamientos, cuyo diligenciamiento estuvo a cargo de dotaciones de Gendarmería Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Económicos de esa fuerza, delegaciones de ARCA-DGI y veedores de los colegios profesionales.
Procedimientos simultáneos y secuestros
Los operativos se realizaron en forma simultánea en las distintas jurisdicciones, como parte de una estrategia orientada a evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas.
Como resultado de las exhaustivas requisas, se logró el secuestro de dinero en efectivo, once vehículos de origen económico a verificar, documentación contable y comercial, soportes informáticos y otros elementos considerados de interés para la causa, todos ellos puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente.
Las fuentes judiciales indicaron que el material incautado será sometido a peritajes técnicos con el objetivo de profundizar el análisis de las maniobras investigadas.
Medidas patrimoniales y peritajes
En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso una serie de medidas patrimoniales tendientes a recuperar activos que serían presuntamente mal habidos. Entre ellas, se ordenaron embargos sobre varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones generales de bienes.
Según se informó, los peritajes económicos y contables estarán a cargo de expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes deberán examinar la documentación secuestrada para reconstruir la trazabilidad de las operaciones bajo sospecha.
Una investigación iniciada en 2023
La causa se inició en el año 2023, a partir de una denuncia formulada por la entonces AFIP-DGI. Desde ese momento, se desplegó una investigación que se extendió por más de dos años y abarcó diversas jurisdicciones del país, lo que permitió reunir los elementos que sustentaron las medidas ejecutadas esta semana.
En el expediente se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario, previsto en la Ley 27.430, y maniobras que podrían encuadrar en el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 y siguientes del Código Penal.
El entramado bajo la lupa
De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación apuntó a desarticular una estructura que habría brindado soporte jurídico-contable para permitir que terceros blanquearan operaciones realizadas por fuera del circuito legal. El esquema investigado incluiría un complejo entramado societario con operadores en Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, se analizan presuntas maniobras vinculadas al circuito agroganadero y frigorífico, que habrían utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y la simulación de operaciones comerciales para legitimar fondos de origen ilícito.
No se descarta que, a medida que avance el análisis del material secuestrado, la Justicia disponga nuevas medidas procesales con el objetivo de determinar responsabilidades penales o descartar eventuales vinculaciones.