La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que 120.000 empleos rurales están en riesgo luego de que venciera el régimen que permitía compatibilizar el trabajo temporario registrado en el campo con determinados beneficios sociales.

El esquema establecido por el Decreto 514/2021 venció el pasado 1° de septiembre y, según informó el gremio, hasta el momento el Gobierno nacional no dispuso una nueva prórroga. La herramienta permitía que trabajadores fueran contratados durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la asistencia social que recibían.

Antes del vencimiento, UATRE había solicitado formalmente la continuidad del sistema. El secretario general del sindicato, José Voytenco, envió el 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para reclamar de manera “urgente” la extensión del régimen.

Desde el sindicato aseguraron que el pedido todavía no tuvo respuesta. “Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”, indicó UATRE.

En ese sentido, el gremio advirtió que “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias”.

La preocupación está relacionada con la particular modalidad laboral de numerosas actividades agrícolas. Las campañas requieren mano de obra durante períodos específicos del año y muchos trabajadores dependen posteriormente de mecanismos de asistencia durante los meses en los que no tienen empleo.

Por qué era importante la compatibilidad

UATRE sostuvo que la experiencia acumulada desde la implementación del sistema demostró que la compatibilidad funcionaba como un incentivo para la registración laboral. Según planteó, el mecanismo “permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”.

Para el gremio, eliminar esa posibilidad puede provocar el efecto inverso. “Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”, afirmó.

La organización sindical cuestionó además lo que consideró una falta de previsión oficial sobre las consecuencias para trabajadores, productores y actividades regionales.

En ese marco, denunció “la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general”.

El impacto sobre las economías regionales

El planteo cobra especial relevancia para las economías regionales, donde numerosas actividades productivas dependen de trabajadores temporarios para afrontar períodos de cosecha, recolección y otras tareas estacionales.

UATRE consideró que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.

Asimismo, señaló que la promoción del empleo registrado junto con la protección social contribuye al fortalecimiento de las economías regionales y de su capacidad productiva y exportadora, además de brindar previsibilidad para las próximas campañas agrícolas.

Qué permitía el régimen que venció

Hasta el vencimiento del esquema, los trabajadores rurales temporarios podían mantener durante su contratación determinados beneficios sociales que percibían previamente, entre ellos asignaciones familiares y otras prestaciones contempladas por el régimen.

Al mismo tiempo, el mecanismo establecía beneficios para los empleadores mediante una reducción de contribuciones patronales, con el objetivo de incentivar la contratación formal de trabajadores durante las campañas.

El régimen había sido creado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, inicialmente por dos años. En 2023 se dispuso su continuidad y, posteriormente, el gobierno de Javier Milei volvió a extender su vigencia hasta septiembre de 2026.

Tras el vencimiento del plazo, UATRE reclama ahora que el Ejecutivo vuelva a implementar la compatibilidad y advierte que la falta de una definición puede repercutir sobre la contratación durante las próximas campañas.

Para el sindicato, la cuestión excede a quienes reciben prestaciones sociales, debido a que una menor disponibilidad de trabajadores registrados también podría generar dificultades para productores que necesitan incorporar personal durante momentos específicos del ciclo productivo.