El suicidio en Argentina alcanzó durante 2025 el registro más alto de los últimos años, con 5.209 personas fallecidas y una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes. El dato representó un incremento del 22,6% respecto de 2024 y encendió las alarmas por la incidencia que el fenómeno tuvo entre adolescentes y adultos jóvenes.
Las cifras surgieron del último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad. Si bien el informe correspondiente a 2025 todavía no presentó el detalle por edades, los registros anteriores mostraron que las personas de entre 15 y 34 años conformaron uno de los grupos más afectados.
En 2024, el 45,3% de las 4.249 personas que murieron por suicidio en el país tenían entre 15 y 34 años. Ese año se registraron 561 casos entre jóvenes de 20 a 24 años, otros 567 entre personas de 25 a 29 y 486 en la franja de 30 a 34.
El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre jóvenes
El Observatorio de Política Criminal advirtió que el suicidio pasó a ser la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años en Argentina. De esta manera, desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar.
En adolescentes de entre 15 y 19 años, los registros se mantuvieron elevados durante los últimos años, aunque en 2024 se observó una reducción del 20%. En términos absolutos, alrededor de 380 adolescentes de esa franja etaria murieron por suicidio cada año, con un pico de 432 casos registrado en 2018.
Ariel Larroude, abogado especialista en política criminal y director del Observatorio, sostuvo que “la franja de 20 a 34 es la más complicada”. Además, explicó que las estadísticas reflejaron una modificación en las características de la violencia registrada en el país.
Una transformación de la violencia
“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, afirmó Larroude al analizar los datos oficiales.
El especialista aclaró que ambas variables no podían vincularse de manera directa. “De ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida”, explicó. Sin embargo, consideró que las estadísticas representaban “una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país” y agregó: “Esto te obliga a intervenir como Estado”.
La comparación mostró una diferencia significativa: durante 2025, la tasa de suicidios fue de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la de homicidios se ubicó en 3,6. Además, entre 2017 y 2025, la cantidad de suicidios aumentó un 57,6%; al considerar el crecimiento poblacional, la variación fue del 43,9%.
Entre Ríos, entre las provincias con las tasas más elevadas
Uno de los datos de mayor impacto estuvo relacionado con Entre Ríos, donde la tasa llegó a 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes durante 2025. Según el informe del Observatorio de Política Criminal, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con los índices más elevados y registró un incremento del 81,1% entre 2017 y 2025.
En el ranking mencionado en el informe también aparecieron San Luis, con una tasa de 18,9; Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; y Catamarca, con 14,2 casos cada 100.000 habitantes. En contraste, entre las jurisdicciones con menores tasas figuraron Río Negro, Neuquén, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires y Misiones.
Otro dato relevante correspondió a La Rioja: de acuerdo con el reporte, pasó de 13 suicidios registrados en 2017 a una tasa equivalente a 50 casos cada 100.000 habitantes en 2025. La variación informada fue del 284,6% en nueve años.
Diferencias entre los registros oficiales
El análisis también expuso dificultades en la recopilación de estadísticas. Mientras el SNIC depende del Ministerio de Seguridad, el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud comenzó a incorporar el suicidio como evento de notificación obligatoria recién en 2023.
Las diferencias entre ambos sistemas fueron amplias. El último Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a 2025 contabilizó 748 muertes por suicidio entre las semanas epidemiológicas 1 y 52, mientras que los reportes provinciales reunidos por el SNIC superaron los 5.200 casos. Desde Salud indicaron que los datos todavía estaban “en construcción”.
Estas diferencias pusieron de manifiesto problemas de notificación y armonización de los registros. La coordinación entre las áreas de Salud y Seguridad aparece, de acuerdo con el análisis, como un aspecto necesario para disponer de información comparable y diseñar políticas públicas de prevención.
El pedido de declarar la emergencia en salud mental
El Observatorio de Política Criminal también puso el foco en los recursos destinados a salud mental. Según su informe, durante 2025 se ejecutó el 31,2% del presupuesto correspondiente al área, uno de los porcentajes más bajos registrados y por debajo del 36% informado para 2017.
“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del Estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, quien además reclamó que la problemática ocupe un lugar prioritario en la agenda pública.
El especialista mencionó entre los factores que deberían analizarse a la ansiedad, la depresión y el aislamiento, además del consumo problemático de sustancias y la ludopatía. También vinculó el contexto social con dificultades como la falta de empleo formal y el endeudamiento. Estas consideraciones correspondieron a la interpretación de Larroude y no implicaron establecer una relación causal directa entre esos fenómenos y el suicidio.
Una problemática que exige prevención
Las cifras mostraron un crecimiento sostenido que adquirió particular relevancia entre adolescentes y jóvenes. Al mismo tiempo, las diferencias entre provincias evidenciaron escenarios muy dispares, con Entre Ríos entre las jurisdicciones que presentaron las tasas más elevadas durante 2025, publicó NA.
Los datos disponibles también plantearon el desafío de mejorar los sistemas oficiales de información para dimensionar el fenómeno con mayor precisión. La prevención, la detección temprana y el acceso a servicios especializados constituyen aspectos centrales frente a una problemática que, según las estadísticas analizadas, alcanzó niveles inéditos en el país.