El cierre de Alal continúa generando un fuerte impacto social y laboral en Corrientes y Chaco. A cuatro meses de la paralización definitiva de las plantas textiles, más de 260 familias de Goya y otras 200 de Villa Ángela siguen esperando respuestas sobre el cobro de sus indemnizaciones, mientras el proceso judicial avanza lentamente en Santa Fe, publicó El Litoral de Corrientes.

La histórica firma textil había oficializado el cierre el pasado 25 de enero, cuando comunicó el cese definitivo de sus operaciones en ambas ciudades. Según argumentó la empresa, la apertura de importaciones, el incremento de los costos energéticos y la caída del consumo tornaron inviable la continuidad de la actividad industrial.

Un día después del anuncio, los trabajadores llegaron a las fábricas y encontraron las puertas cerradas. Poco tiempo más tarde comenzaron a recibir los telegramas de despido, en una situación que provocó conmoción en las comunidades donde la empresa representaba una de las principales fuentes de empleo privado.

Reclamos y demoras judiciales

Con el correr de las semanas comenzaron las protestas y reclamos de los exempleados, quienes exigieron el pago completo de las indemnizaciones. Durante febrero se realizaron distintas movilizaciones en Goya, mientras avanzaban las presentaciones judiciales contra la empresa.

En paralelo, Alal inició un concurso preventivo de acreedores en los tribunales de Reconquista, Santa Fe, donde funciona la sede administrativa del holding y su planta de curtiembre. Esa decisión modificó el escenario judicial y obligó a los trabajadores a reiniciar gran parte de los trámites.

“Ganamos acá en Goya el 50% del pago de indemnización, pero cuando se iba a hacer la liquidación pasó a Santa Fe. Empezamos todo de cero, nos puede llevar casi un año. Ahora tenemos que autenticar las firmas”, relató uno de los exempleados en diálogo con El Litoral.

La incertidumbre de los trabajadores

La situación económica de muchas familias se agravó con el paso de los meses. Algunos trabajadores aseguran que, debido a su edad y trayectoria exclusivamente vinculada a la industria textil, les resulta prácticamente imposible conseguir otro empleo.

“No sé qué hacer, la situación económica está mal. Me faltaba poco para jubilarme y tengo más de 60 años, no consigo trabajo”, expresó uno de los despedidos que trabajó durante años en la planta de Goya.

En un primer momento, la Justicia Laboral de Goya había ordenado embargos preventivos sobre bienes de la empresa para garantizar el cobro urgente de al menos el 50% de las indemnizaciones. Sin embargo, el avance del concurso preventivo en Santa Fe dejó sin efecto práctico parte de esas medidas y trasladó el conflicto a la jurisdicción santafesina.

Un proceso que podría extenderse hasta 2027

Ahora, todos los acreedores, incluidos los trabajadores despedidos, deben presentar nuevamente la verificación de créditos ante la sindicatura designada en Reconquista. La fecha límite para completar ese trámite fue fijada para el 28 de este mes.

Según se informó, el proceso concursal podría extenderse hasta abril de 2027, lo que incrementa la preocupación entre las familias afectadas. Muchos sostienen que no cuentan con ingresos suficientes y que el desgaste emocional y económico se profundiza con el paso del tiempo.