REDACCIÓN ELONCE
El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma de la Ley de Salud Mental, con eje en las adicciones y la posibilidad de internaciones no voluntarias.
El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa que coloca en el centro de la discusión a las adicciones y la posibilidad de habilitar internaciones “no voluntarias”. El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional será analizado en un plenario de comisiones a partir de las 16.30.
Un nuevo enfoque sobre salud mental y consumo problemático
La propuesta incorpora formalmente a las adicciones como una enfermedad dentro de las políticas de salud mental. En el texto se establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. Además, se aclara que “el uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona”.
El proyecto también busca modificar el enfoque de atención vigente desde 2010, al reforzar el rol de la mirada médico-psiquiátrica dentro de equipos interdisciplinarios. Según la iniciativa, la presencia del psiquiatra será obligatoria en la evaluación de diagnósticos, tratamientos e internaciones.
Internaciones no voluntarias y cambios en los criterios legales
Uno de los puntos más controvertidos es la flexibilización de las internaciones. El texto habilita que puedan realizarse sin consentimiento del paciente en casos de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Se reemplaza así el criterio de “riesgo cierto e inminente” vigente actualmente.
El documento también establece que “la internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos”.
Control judicial y debate político en el Congreso
El proyecto dispone que toda internación involuntaria deberá ser informada a un juez en un plazo de 24 horas, junto con la documentación correspondiente dentro de las 48 horas siguientes. El objetivo declarado es reforzar el control judicial sobre estas medidas excepcionales.
