Entre febrero y diciembre de 2025, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) registró 5.520 embargos judiciales por un monto total de $15.224.338.973,76, de acuerdo a información oficial proveniente de la Justicia. Esto implicó un promedio de 24 embargos diarios, por un valor aproximado de $83.650.214 descontados directamente de las cuentas bancarias de la obra social. Así lo denunció la agrupación UCR Activa a través de un comunicado.
"Los fondos embargados provinieron de los aportes de trabajadores activos y jubilados del Estado, así como del aporte patronal financiado con impuestos provinciales. Muchos de los afiliados afectados perciben ingresos por debajo de la canasta básica familiar, lo que incrementa el impacto social de la situación", indicaron.
De hecho, repasaron que OSER fue creada en junio de 2025 con el objetivo declarado de reducir la judicialización del sistema de salud, evitar amparos y poner fin a los embargos y deudas heredadas. Sin embargo, "los datos oficiales muestran que esas metas no se cumplieron". Actualmente, la obra social ya no se encuentra intervenida: quienes eran interventores pasaron a ocupar cargos directivos, por lo que -según acusaron desde UCR Activa- "la responsabilidad de la gestión es plenamente política".
Amparos incumplidos y debate legislativo
"Los 5.520 embargos registrados corresponden a amparos judiciales que no fueron cumplidos en tiempo y forma. Desde el ámbito judicial aclararon que la cifra refleja únicamente los casos que derivaron en embargos, ya que existen otros amparos que sí fueron cumplidos y, por ese motivo, no figuran en los registros", indicaron desde el espacio político.
Durante el debate legislativo que dio origen a OSER, el diputado Marcelo López había señalado que la ley podría revisarse en el futuro si la obra social no funcionaba como se esperaba. No obstante, a pesar de la continuidad de los litigios y del drenaje de recursos, hasta el momento no se avanzó en modificaciones al esquema vigente.
Según señalaron desde UCR Activa, el 11 de diciembre de 2025 se enviaron cartas formales al gobernador, a la vicegobernadora, a senadores, diputados y a las presidencias de las comisiones de Salud de ambas Cámaras legislativas, consultando cuánto dinero adicional termina pagando el Estado entrerriano cuando OSER incumple sus obligaciones y obliga a los afiliados a recurrir a la Justicia.
Impacto financiero y cuestionamientos
La respuesta surge de los propios números oficiales: más de $15.224 millones en embargos durante 2025, lo que equivale aproximadamente al 15% del total de los aportes de los afiliados. "Desde su creación, el déficit de OSER es afrontado por los entrerrianos, ya sea como afiliados, contribuyentes o ciudadanos", indicaron desde el espacio político.
Desde distintos sectores se recordó que se desechó la alternativa de reformar el IOSPER bajo el marco de las leyes nacionales 23.660 y 23.661, optando en cambio por un diseño institucional que hoy es cuestionado por su falta de eficiencia y previsión.
También se advirtió sobre la escasa actuación de los síndicos y la necesidad de una auditoría integral, que podría determinar si los aportes de los trabajadores y del Estado se transfieren en tiempo y forma a OSER o si permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial, siendo liberados solo para cubrir embargos o situaciones urgentes.
A este escenario, según UCR Activa, se suma la versión de un eventual financiamiento externo del déficit, a través de organismos como SIDECREER, la UFI u organismos internacionales, lo que trasladaría nuevamente el costo del desorden financiero a la ciudadanía entrerriana.
"Mientras tanto, el impacto real se refleja en la vida cotidiana: durante el debate por la creación de OSER, un afiliado falleció por no recibir a tiempo un marcapasos, hecho que derivó en una denuncia penal contra exinterventores del IOSPER por presuntas irregularidades administrativas", acusaron.
Los datos oficiales y los antecedentes judiciales mantienen abierto un fuerte interrogante sobre el funcionamiento del sistema de salud provincial y el costo que su crisis sigue trasladando a los afiliados y al conjunto de los entrerrianos.