La situación de las cárceles entrerrianas fue analizada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) durante una reunión con funcionarios del Gobierno y del Servicio Penitenciario provincial. El encuentro abordó la alimentación de los internos, el régimen de visitas, los acercamientos familiares y el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico, que actualmente supervisa a 216 personas.
La reunión se desarrolló este miércoles 4 de noviembre y contó con la participación de los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. También estuvieron presentes el director general de Integridad Profesional, Raúl Avero; el director del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti; el subdirector Santiago García y la directora de Tratamiento Penitenciario, Mariela Pérez.
Durante el encuentro, las autoridades penitenciarias presentaron información solicitada previamente por la Sala Penal y explicaron las medidas adoptadas frente a distintos planteos relacionados con las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.
Alimentación y condiciones de alojamiento en las cárceles
Uno de los principales temas abordados fue la alimentación diaria de los internos. Desde el Servicio Penitenciario informaron que cada unidad penal dispone de un presupuesto destinado a la adquisición de alimentos y otros insumos necesarios para la elaboración de las comidas.
Según explicaron, las compras se realizan a proveedores locales y permiten organizar un menú semanal. También se contemplan dietas especiales para aquellas personas que necesitan una alimentación diferenciada por indicación médica.
Las autoridades señalaron que el área de Sanidad de cada establecimiento supervisa la alimentación. Esta información fue presentada ante los integrantes del STJ en respuesta a los requerimientos sobre las condiciones de detención.
El STJ pidió eliminar restricciones a las visitas
Otro de los puntos centrales fue el régimen de visitas a las personas privadas de libertad. Actualmente, el ingreso de familiares está sujeto a la acreditación del vínculo y a disposiciones establecidas por el Servicio Penitenciario.
Las autoridades explicaron que las limitaciones implementadas durante la pandemia continúan vigentes por motivos de seguridad y organización. Argumentaron que una ampliación considerable de visitantes podría dificultar las tareas de identificación, control y verificación de vínculos.
Ante esta situación, la Sala Penal solicitó la derogación de la circular puesta en vigencia durante la pandemia y pidió garantizar las visitas de familiares y allegados conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Traslados y acercamientos familiares de los internos
En relación con el mantenimiento de los vínculos familiares, el Servicio Penitenciario informó que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas con las personas privadas de libertad para conocer sus necesidades y situaciones particulares.
Cuando las circunstancias lo requieren, se gestionan acercamientos a unidades penales ubicadas cerca del domicilio de los familiares. También se promueve el uso de videollamadas para facilitar el contacto con los allegados.
Desde la institución aclararon que no tienen responsabilidad sobre el traslado de los familiares hacia los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, señalaron que buscan facilitar los acercamientos para evitar que las distancias agraven las condiciones de detención.
Monitoreo electrónico: 216 personas bajo supervisión
Durante la reunión también se presentó un informe del Centro de Monitoreo Electrónico, elaborado por el jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico, Carlos Salomón. El documento reveló que el sistema supervisa actualmente a 216 personas distribuidas en 28 localidades de Entre Ríos.
El organismo cuenta con 240 dispositivos electrónicos, de los cuales 216 están instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica, aunque 16 se encuentran en reparación y solamente ocho están disponibles para reemplazos y contingencias.
Las personas supervisadas se distribuyen en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4, 153 condenados con arresto domiciliario y seguimiento GPS, y 24 internos que cuentan con autorizaciones para realizar salidas laborales o familiares.
El sistema funciona prácticamente al límite de su capacidad
El informe detalló que Paraná concentra la mayor cantidad de personas supervisadas, con 85 casos. Le siguen Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.
El Centro dispone de 12 funcionarios destinados a tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, durante todo el año, mediante guardias rotativas. Su sistema informático registra aproximadamente 6.000 eventos diarios, de los cuales entre 400 y 500 requieren atención o intervención de los operadores.
Las tareas incluyen el seguimiento de alertas, la verificación de desplazamientos autorizados, las comunicaciones con las personas supervisadas y la coordinación con organismos judiciales y policiales. También se interviene ante emergencias médicas y situaciones que puedan comprometer la seguridad de las víctimas.
La importancia del monitoreo para el sistema penitenciario
Desde el Servicio Penitenciario destacaron que el monitoreo electrónico permite controlar el cumplimiento de determinadas medidas judiciales fuera de los establecimientos carcelarios, mediante dispositivos tecnológicos.
Además, señalaron que esta modalidad contribuye a reducir la ocupación de plazas en las unidades penales y permite realizar un seguimiento permanente de las personas alcanzadas por estas medidas.
No obstante, el relevamiento expuso que el sistema opera prácticamente al límite de su capacidad, con apenas ocho equipos disponibles como reserva. El informe también planteó la importancia de fortalecer los recursos humanos y los medios de movilidad para sostener el servicio en todo el territorio provincial.