El Gobierno regularizó 124.000 hectáreas de tierras fiscales de Entre Ríos, principalmente ubicadas en el Delta y concentradas en los departamentos Victoria y Gualeguay. Eduardo Azueta, presidente de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (Aabiper), explicó a Elonce que el proceso permitió identificar ocupantes, establecer cánones y avanzar con controles ambientales sobre esos terrenos.

El funcionario señaló que el procedimiento surgió por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio para poner en valor el patrimonio inmobiliario provincial. Según describió, existían terrenos ocupados de manera irregular, usuarios que no pagaban cánones ni impuestos y diferentes situaciones que debieron analizarse individualmente.

Azueta también remarcó la dimensión ambiental del ordenamiento debido a las características del territorio involucrado. “El suelo en su mayoría se encuentra en el Delta, que es un ecosistema frágil que requiere ciertos controles, ciertos cuidados”, explicó al referirse a la necesidad de fiscalizar las actividades realizadas.

Productores comenzaron a pagar por utilizar las tierras

El titular de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles indicó que la regularización avanzó “caso a caso” hasta alcanzar las 124.000 hectáreas. Los productores identificados quedaron incorporados a un régimen que contempla el pago por la utilización de las tierras públicas.

“Hoy podemos decir que tenemos 124.000 hectáreas de tierras fiscales regularizadas con productores que están pagando un canon, que están determinados, que de alguna manera también están obligados a cumplir con toda la normativa ambiental”, destacó Azueta.

Para el funcionario, el objetivo fue modificar la forma en la que se administraba el patrimonio inmobiliario público. “Este es patrimonio provincial y esto significa que tiene que estar administrado en función del interés del conjunto de los entrerrianos y administrado de un modo transparente”, sostuvo.

"Durante muchísimos años la cuestión inmobiliaria del patrimonio público de la provincia se administró de un modo opaco, casi oscuro. Y el objetivo de este gobierno es ir en un sentido totalmente contrario, es decir, de transparentar, poner en valor el patrimonio y hacerlo en función del interés del conjunto de los entrerrianos y poniendo a todos los entrerrianos en un pie de igualdad a la hora de de poder acceder a ese patrimonio", fundamentó Azueta.

Ocupaciones y situaciones diferentes en el Delta

El relevamiento encontró realidades diversas. Azueta aseguró que se identificaron casos relacionados con especulación inmobiliaria y ocupantes provenientes de otras provincias, pero también familias vinculadas desde hace generaciones con las actividades productivas de las islas.

Frente a este último grupo, explicó que se ofrecieron posibilidades de regularización. “A aquel baqueano que hace años trabaja y que no pagaba ni un canon porque el Estado prácticamente estaba desinteresado en todo este patrimonio, le damos la opción de regularizar”, afirmó.

Distinta será la respuesta frente a quienes, según la evaluación oficial, pretendan apropiarse de terrenos pertenecientes a la Provincia. En esas situaciones, Azueta anticipó “un accionar mucho más enérgico”, mediante el ejercicio de las facultades provinciales para preservar el patrimonio público.

Victoria y Gualeguay concentran gran parte de las tierras

La mayoría de las tierras fiscales relevadas se encuentra en el Delta, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay. Azueta señaló que la situación era conocida desde hacía tiempo por los habitantes del sur entrerriano debido a la importante superficie de propiedad provincial existente en esa región.

El presidente del organismo reconoció, además, las intervenciones realizadas previamente por la Fiscalía de Estado para defender terrenos provinciales ante diferentes reclamos. Según explicó, el objetivo actual fue avanzar desde esa defensa hacia una administración integral del patrimonio.

“Ahora estamos pasando de un accionar en pos de la defensa del patrimonio a realmente poner en valor este patrimonio, administrarlo en función del conjunto de los entrerrianos”, manifestó.

Detectaron unas 200 construcciones clandestinas

Uno de los datos surgidos del relevamiento fue la existencia de alrededor de 200 propiedades construidas sin autorización sobre terrenos fiscales. Esos casos serán sometidos a un proceso específico para determinar cómo continuará cada ocupación.

“Hemos detectado 200 propiedades construidas clandestinamente en la zona de las tierras fiscales. Estamos en pos de un proceso también de regularización”, reveló Azueta. Luego advirtió: “Estos propietarios van a tener que pagar un canon por haber edificado en ese lugar o tendrán que abandonar la propiedad”.

La Provincia deberá analizar cada situación para determinar las condiciones de permanencia o las medidas que correspondan. El criterio, según explicó el funcionario, será diferenciar las características y antecedentes de cada ocupación.

Ganadería, pesca, apicultura y amarraderos

Respecto del futuro de las tierras regularizadas, Azueta precisó que el principal destino autorizado será la actividad ganadera, tradicionalmente desarrollada en distintos sectores de las islas entrerrianas.

También se permitirá el desarrollo de actividades como la apicultura y la pesca bajo las condiciones correspondientes. A esto se sumarán los ingresos provenientes de los amarraderos utilizados por embarcaciones que trabajan principalmente con puertos santafesinos y emplean sectores de las islas como puntos de amarre.

El proceso continuará con la regularización de las situaciones pendientes y el fortalecimiento de los controles sobre las tierras públicas. La administración provincial buscará que quienes utilicen las 124.000 hectáreas identificadas paguen los cánones correspondientes y cumplan las normas ambientales establecidas para un territorio particularmente sensible como el Delta.