La investigación por el robo de propofol y fentanilo en hospitales avanzó en la Justicia con la indagatoria a dos médicos acusados de sustraer anestésicos para presunto consumo recreativo en encuentros privados, en el marco de una causa que se inició tras la muerte de un residente en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso generó conmoción en el ámbito médico luego de que se conociera que Hernán Boveri, anestesiólogo de 45 años del Hospital Italiano, fue indagado el 25 de marzo por el juez Javier Sánchez Sarmiento, con intervención del fiscal Lucio Herrera. En su declaración, el profesional negó los hechos y anticipó que ampliaría su descargo por escrito.

En la misma causa también fue indagada Delfina Lanusse, médica residente de tercer año que trabajaba junto a Boveri. Según la investigación, ambos habrían tenido acceso a sustancias utilizadas en prácticas hospitalarias que, presuntamente, eran desviadas para otros fines.

Muerte de un residente y origen de la causa

El expediente judicial se originó tras el fallecimiento de Alejandro Zalazar, un residente de 29 años vinculado a distintos centros de salud, quien fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento. En el lugar se encontraron frascos de fentanilo y propofol cuya trazabilidad podría vincularse con el Hospital Italiano.

De acuerdo a las primeras pericias, el joven tenía una vía conectada en su cuerpo a través de la cual se habría administrado los anestésicos, lo que habría derivado en su muerte. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.

A partir de ese hecho, el hospital realizó una denuncia formal que dio inicio a una investigación más amplia sobre el posible desvío de medicamentos de uso restringido. A su vez, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAAEBA) también impulsó una presentación judicial.

Allanamientos y elementos secuestrados

En el marco de la causa, el 13 de marzo se llevaron a cabo tres allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y en Tigre, a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la Policía porteña.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron diversos insumos médicos que serán sometidos a peritajes para determinar su procedencia y eventual vinculación con el hospital. Parte de esos elementos podrían corresponder a la práctica profesional habitual de los implicados, lo que complejiza la investigación.

Posteriormente, el juzgado ordenó un nuevo allanamiento en la sede de la AAAEBA con el objetivo de recolectar documentación y actas vinculadas a los profesionales investigados.

Declaraciones y postura institucional

El abogado de la asociación, Eduardo Gerome, explicó que la entidad colaboró con la Justicia desde el inicio. “Somos denunciantes que llevamos a la Justicia la información que tenemos”, afirmó, y remarcó que la institución busca esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, sostuvo que los allanamientos sorprendieron a la organización, ya que habían ofrecido entregar la documentación requerida sin necesidad de medidas compulsivas. “Somos los más interesados en que esto se aclare”, expresó.

Además, destacó que los profesionales involucrados no tenían antecedentes que hicieran prever una situación de este tipo y que contaban con trayectorias destacadas en el ámbito médico.

Trayectoria de los médicos investigados

Boveri era reconocido por sus colegas como un anestesiólogo con amplia experiencia y trayectoria académica, incluso con participación en instancias de formación en otros países de América Latina.

Por su parte, Lanusse es egresada de la Universidad Austral y había iniciado su residencia en septiembre de 2023. Según su perfil profesional, contaba con más de 500 horas de práctica en anestesiología y experiencia como tutora en distintas materias.

Ambos desempeños, considerados hasta el momento como “impecables” por referentes del sector, contrastan con las acusaciones que ahora investigan posibles delitos de hurto y administración fraudulenta.

Viralización del escándalo

El caso tomó estado público semanas después del fallecimiento de Zalazar, cuando comenzaron a circular rumores entre médicos y residentes. La falta de información oficial generó inquietud en el ámbito sanitario.

La situación se amplificó tras la viralización de un audio de WhatsApp que mencionaba presuntas reuniones en las que profesionales de distintos hospitales consumían anestésicos en contextos recreativos.

En ese mensaje, que no forma parte del expediente judicial, se describían supuestos encuentros en departamentos privados donde incluso se organizaban mecanismos de asistencia médica para evitar complicaciones derivadas del consumo.

Hipótesis bajo investigación

Según las versiones difundidas, en esas reuniones habría una persona encargada de brindar ventilación asistida en caso de episodios de apnea, además del uso de bombas de infusión para administrar las sustancias de manera controlada, publicó Clarín.

No obstante, estas hipótesis no fueron incorporadas formalmente a la causa judicial y forman parte de información que circuló en redes sociales y entre profesionales del sector.

La Justicia mantiene el expediente bajo secreto de sumario mientras continúa recolectando pruebas, realizando pericias y evaluando responsabilidades en un caso que expone una problemática sensible dentro del sistema de salud.