Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Blanca Osuna y Leopoldo Moreau, presentaron este lunes una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los operativos realizados el pasado 18 de junio, en el marco de una movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, e incluye también a los jefes de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y demás responsables en la cadena de mando que hayan intervenido en los procedimientos.
Según los legisladores, los hechos denunciados configuran delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por los artículos 248 y 249 del Código Penal y los artículos 1 y 2 de la Ley N° 23.592 contra actos discriminatorios.
En diálogo con Elonce, Blanca Osuna explicó que la denuncia “fue impulsada por la gravedad de los hechos ocurridos, que incluyeron detenciones arbitrarias, controles documentales, registros fotográficos y filmaciones a personas que se trasladaban desde el interior hacia Buenos Aires”. Y advirtió que “esas prácticas remiten a procedimientos vejatorios, humillantes e intimidantes, que transgreden la Constitución Nacional, normas locales y pactos internacionales sobre protección de datos personales y derechos civiles”.
Críticas al accionar de las fuerzas y al rol de la justicia federal
La diputada también señaló que los operativos “violaron la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, cuyo artículo 4 prohíbe expresamente al Estado generar este tipo de intervenciones y recopilar información sin orden judicial”.
Osuna sostuvo que “las personas fueron bajadas de los micros en plena madrugada, con frío, sin justificación alguna, y se les tomaron fotos sin dejar constancia formal del procedimiento. Frente a los requerimientos, no obtuvieron respuesta alguna”.
“Cuando hay sospechas de delitos, corresponde que la fuerza intervenga con fundamentos claros y que se labre un acta firmada por las partes. En este caso, no hubo actas, ni explicaciones, ni procedimientos legales. Solo intimidación”, añadió.
Reclamo contra la naturalización de prácticas autoritarias
La legisladora entrerriana subrayó que “el accionar fue sistemático y organizado”, y recordó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, agredido durante una cobertura, además de situaciones vividas por jubilados y manifestantes pacíficos.
“Lo peor que podemos hacer es naturalizar este tipo de hechos. No podemos resignarnos a aceptar mecanismos que son dañinos para la democracia”, remarcó Osuna.
Finalmente, cuestionó la actuación del sistema judicial: “Tenemos dudas sobre la operatoria de ciertos sectores de la justicia federal, en especial en Comodoro Py. Pero aun así, decidimos avanzar con la denuncia, porque el silencio o la resignación son aún más peligrosos”.