Este jueves se realizó una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, con concentraciones en todo el país. La consigna: una Argentina más inclusiva y sin discriminación.

La iniciativa surge de personas con discapacidad, familiares y prestadores, que advierten una situación crítica: demoras en pagos, aranceles desactualizados y dificultades para sostener tratamientos. ¿Qué pasa con los derechos cuando el sistema de apoyo empieza a fallar?

El proyecto de ley busca garantizar hasta 2027 el acceso a salud, educación, pensiones y empleo, además de fortalecer a quienes brindan servicios esenciales. En este contexto, ¿se encuentra el Estado a la altura de una demanda que atraviesa a miles de familias en todo el país?

Amaru Méndez, presidenta de Neurocea, explicó en primer lugar: “Esta jornada, que fue un paro nacional, se debe a que los prestadores no están cobrando sus sueldos debidamente. El nomenclador de la Superintendencia de Salud se paralizó en diciembre de 2024. Eso lleva a que hoy en día sabiendo la cuestión económica y demás con esos aranceles que no son los adecuados trae varias dificultades. También el retraso en los pagos de las obras sociales lleva 90 días, que es lo que te plantea las diferentes obras sociales, más allá de que depende de la Superintendencia de Salud”.

“Pedimos la ley de emergencia en discapacidad, que las pensiones –tenemos muchas que no están saliendo- y que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Hoy tenemos un sector que está muy vulnerado”, aseguró.

Emanuel Ledesma, diagnosticado con acondroplastia, expuso: “A lo largo de mi vida tuve varias cirugías y siempre mis padres han luchado por la mutual. Hoy por hoy, sigo con un tratamiento de kinesiología y a mi kinesiólogo le deben tres meses. Hay que destacar a los profesionales que siguen atendiendo personas con discapacidad”.

María Eugenia Rodríguez, licenciada en Kinesiología, remarcó: “Estaban atrasados los planes de tratamiento y la autorización. De hecho a mí me dieron dos obras sociales la autorización, de los cuales algunos profesionales optan por cortar y quedan sin la posibilidad de su terapia esencial y básica. Si no todos no lo pueden pagar a un honorario entre 20, 25 o 30 mil pesos por sesión”.

Méndez retomó la palabra y comentó que la marcha de hoy “no sería la forma ni la manera de salir a exponer situaciones que tienen que estar resueltas. Es exponer a personas, a familias y trabajadores en una situación de incomodidad”.

“El Estado ha tenido un rol abandónico con nosotros. Somos profesionales que trabajamos con certificados de discapacidad y, en el marco de la ley 4.401 es el Estado el responsable junto con la Superintendencia de Salud y el PAMI, lo cual no están cumpliendo y están cayendo sobre los hombros de los profesionales esta diferencia”, testificó Rodríguez.

En cuanto al proyecto de ley de emergencia en discapacidad, destacaron que puntos contemplaría: “Es la actualización de los honorarios, pago a los 60 días y no a los 90 o 120 días. Recién tengo aprobado un plan de tratamiento la semana pasada, en lo que pude facturar enero y febrero. Eso lo voy a ver en 60 días, si me cumplen. Lo voy a ver en julio al sueldo de enero. ¿Cómo sostengo una familia, cómo me capacito, cómo sostengo monotributo, contadora o los insumos que usamos?”.

“Todos trabajamos los días para que a fin de mes cobrar nuestros sueldos. Directamente las únicas perjudicadas son las personas con discapacidad. Podemos poner lo mejor de nosotros, podemos ir y pelear a la obra social, podemos presentar recursos de amparo y el profesional también avala y apoya. Si tenemos un Estado nacional y un director de discapacidad que la ANDIS que se maneja con un grado de impunidad y un dialecto nefasto que te dice que si tenes un hijo con discapacidad es tu problema y no del Estado, nos tenemos que replantear un montón de cosas”, valoró la integrante de Neurocea.

En la misma línea, aseveró: “Son los funcionarios los que tienen que acompañarnos. No tenemos ganas de salir a dar una marcha, a dar explicaciones de lo que hacemos con nuestros hijos. Queremos que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, que se dejen de vulnerar esos derechos, esas conquistas que hemos logrado a lo largo de estos años. No queremos retroceder, queremos avanzar”.

“Hoy las personas con discapacidad están siendo muy golpeadas debido a que no hay oportunidades laborales. Trabajo en un sindicato y estamos presentando un proyecto para que se empiecen a concursar los cupos laborales”, expuso Ledesma sobre su vida.