La jueza Yanina Yzet intimó a organismos municipales y provinciales a cumplir con la sentencia judicial que ordena el saneamiento y traslado del volcadero de Paraná, ubicado en el barrio San Martín, en el marco de una causa ambiental iniciada hace más de una década. La medida alcanzó a distintas áreas del Estado, entre ellas la Municipalidad, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, que deberán avanzar en la implementación de un sistema integral de gestión de residuos y en la relocalización del predio.

En ese contexto, el coordinador de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Paraná, Walter Clivio, señaló que el proceso demandará definiciones conjuntas entre distintos niveles del Estado. “Si bien hay un fallo, se han mantenido reuniones para analizar qué es lo que se debe hacer. Es una decisión que involucra a la Provincia y a varios municipios como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, para avanzar en una disposición final en otro lugar”, explicó a Radio La Voz.

El funcionario indicó que la implementación dependerá de la metodología que se adopte, descartando la continuidad de un volcadero a cielo abierto y evaluando alternativas como rellenos sanitarios o sistemas de cavas, similares a los utilizados en otras provincias. “La disposición final de los residuos dependerá de la metodología que implemente". Hay experiencias como las de Córdoba, que implican grandes extensiones, control de líquidos, maquinarias y procesos de separación de residuos en origen. Todo eso requiere planificación y recursos”, detalló al aclarar que la gestión de los residuos es "muy costosa". “En el Volcadero de Paraná son aproximadamente 40 máquinas las que operan a diario y arrojan residuos en el lugar. Se trata de toneladas y toneladas que ingresan diariamente”, señaló.

Clivio también remarcó que la problemática no se limita a la disposición final, sino que incluye la necesidad de mejorar la separación en origen y optimizar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos. “Es un tema ambiental prioritario, donde intervienen Nación, Provincia y Municipio, y que requiere un trabajo conjunto para poder avanzar en soluciones sostenibles”, sostuvo.

Y la cuestión social es otra de las aristas a considerar: “En el barrio San Martín hay 35 familias viven de la separación de residuos. En los últimos días realizamos una exposición sobre esta problemática y equipos técnicos estuvieron recorriendo el lugar para evaluar su estado y los accesos”, explicó.

Asimismo, advirtió que cualquier decisión sobre la localización del nuevo predio generará debates en la comunidad donde se instale. “Donde se decida ubicarlo, va a generar discusiones. Es un tema complejo que requiere consenso, financiamiento y planificación a largo plazo”, expresó.

Finalmente, el funcionario señaló que la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Paraná cumple un rol operativo dentro del sistema de la gestión de residuos y que las definiciones estratégicas dependen de instancias superiores. “La Justicia ya dictaminó y ahora hay que ver cuáles son los pasos a seguir, qué financiamiento habrá, cómo y dónde se desarrollará el proyecto”, concluyó.