El exvicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Carlos Milicevic, manifestó a Elonce su preocupación ante la resolución impulsada por el Gobierno nacional que busca facilitar la importación de vacunas para animales, al considerar que debilita los controles sanitarios en un momento de extrema fragilidad a nivel global.
Milicevic aclaró que “no se trata de una desregulación, sino de una simplificación extrema en los procedimientos de aprobación”, lo cual permitiría el ingreso de vacunas extranjeras en tan solo 30 días. “Esa rapidez impide realizar las pruebas de eficiencia necesarias y pone en riesgo la salud animal, con efectos que pueden incluso alcanzar a la salud humana”, advirtió.
El especialista recordó que la sanidad animal global atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, con el resurgimiento de enfermedades como la fiebre aftosa en Europa, la peste porcina africana en España y la gripe aviar en Brasil. También mencionó que Estados Unidos enfrenta brotes de influenza bovina con riesgo de convertirse en zoonosis.
“Cuando el mundo redobla controles, Argentina los flexibiliza. No es el momento adecuado para este tipo de medidas”, sostuvo, y advirtió que la medida beneficia a empresas extranjeras en detrimento de la industria nacional. “Una vacuna producida en el país no se aprueba en 30 días, eso genera una competencia desleal y vulnera los estándares sanitarios”.
Milicevic defendió el rol del SENASA como organismo técnico de referencia internacional, destacando que cuenta con un laboratorio moderno y profesionales altamente capacitados. “La salud es una sola, sea humana o animal. Y muchas enfermedades animales pueden tener un impacto directo en la salud pública. Por eso se deben extremar los controles”, remarcó.
El exfuncionario propuso que, en lugar de facilitar indiscriminadamente la importación, se realicen acuerdos bilaterales con países del Mercosur y otras regiones para verificar los mecanismos de control que aplican a sus vacunas.
Finalmente, recordó errores del pasado en los que se priorizaron intereses políticos o sectoriales sobre criterios técnicos, como el caso de la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa en Argentina. “Ese tipo de decisiones nos costaron muy caro. Ojalá esta vez el Gobierno escuche a los organismos técnicos”, concluyó.