La mediación prejudicial obligatoria se consolida como una herramienta clave en Entre Ríos para la resolución pacífica de conflictos. Impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), esta política pública judicial permitió que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, más del 80% de los casos se resolvieran sin necesidad de iniciar juicio, marcando un cambio de paradigma en el acceso a la justicia.

En ese período, se gestionaron 16.191 mediaciones en toda la provincia. De ese total, solo el 17,7% derivaron en causas judiciales, lo que implica una significativa reducción en la litigiosidad y un uso más eficiente de los recursos públicos.

La doctora Ana Bracco, directora del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de Paraná, valoró que este desempeño “no es casual, sino resultado de una política judicial activa con ejes en la accesibilidad, la calidad de gestión y el seguimiento permanente”. Afirmó que este mecanismo no reemplaza al proceso judicial, sino que lo complementa y lo fortalece.

Según los datos oficiales, en 2024 se concretaron 12.794 mediaciones, de las cuales aproximadamente el 19,4% finalizaron en juicio. En los primeros cinco meses de 2025, se realizaron 3.397 mediaciones, y solo el 11% derivó en instancias judiciales, lo que refleja una mejora en la efectividad del proceso.

“El STJ apostó a un sistema judicial más humano y ágil. Hoy, más del 80% de los conflictos se resuelven antes de llegar al juzgado, lo que mejora la calidad del servicio de justicia y reduce el desgaste emocional para las personas”, subrayó Bracco.

El proceso está acompañado por mediadoras y mediadores capacitados, con seguimiento institucional y capacitación constante. Este enfoque transforma la lógica adversarial tradicional, y promueve valores de diálogo, responsabilidad compartida y respeto mutuo.

Entre los impactos institucionales más destacados, se destacan:

-Descongestión de los fueros civiles y de familia.

-Fortalecimiento del rol judicial, con magistrados enfocados en causas complejas.

-Mejora en la percepción pública, con respuestas más accesibles y rápidas.

-Promoción de la cultura del acuerdo, en toda la provincia.

Desde el STJ remarcaron que se trata de una transformación sostenida basada en reglas claras, trazabilidad, gestión de calidad y supervisión constante. Este nuevo modelo no judicializa lo que puede resolverse por consenso, y reserva el ámbito judicial para los casos que verdaderamente lo requieren.