La Ley de Concesiones generó controversia en la Legislatura entrerriana luego de que el bloque de diputados Más para Entre Ríos cuestionara un proyecto impulsado por la legisladora Noelia Taborda y acompañado por la mayoría oficialista, que propone modificar uno de los artículos centrales de la norma sancionada recientemente.

A través de un comunicado, la bancada opositora expresó su rechazo a la iniciativa que busca modificar el artículo 5° de la Ley Nº 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia. Según señalaron, la preocupación no se limita al contenido del proyecto, sino también al mensaje institucional que transmite.

Los legisladores recordaron que la ley fue aprobada hace poco más de un mes tras un amplio debate parlamentario y que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo. En ese contexto, consideraron contradictorio que el mismo oficialismo que respaldó la norma impulse ahora cambios sobre aspectos que calificaron como fundamentales.

Cuestionamientos al cambio de criterio

Desde Más para Entre Ríos sostuvieron que durante el tratamiento legislativo uno de los principales planteos de la oposición estuvo vinculado a la necesidad de fijar límites claros para impedir cualquier posibilidad de privatización de áreas sensibles del Estado.

En ese sentido, destacaron que el texto actualmente vigente establece de manera expresa que la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario quedan excluidos de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros.

Sin embargo, advirtieron que la modificación promovida por el oficialismo elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una redacción que permite la concesión de actividades y funciones esenciales, manteniendo en manos del Estado únicamente la titularidad y las facultades regulatorias y de control.

El alcance de la reforma propuesta

Para el bloque opositor, la diferencia entre ambas redacciones resulta significativa porque el texto vigente prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, mientras que la nueva propuesta abriría la posibilidad de que esas actividades sean gestionadas por terceros.

Además, cuestionaron el cambio de postura de quienes defendieron públicamente la ley durante su tratamiento y ahora impulsan modificaciones sobre puntos que fueron objeto de debate. En ese marco, plantearon interrogantes sobre la consistencia del proceso legislativo que permitió la sanción de la norma.

“Es claro el motivo de nuestra preocupación: esta modificación habilita la concesión de actividades o funciones esenciales. Si se aprueba, se podrá concesionar, privatizar o transferir a terceros la gestión de servicios vinculados a la salud, la educación, la justicia o la seguridad”, expresaron desde el bloque.

Defensa del rol del Estado

Los diputados remarcaron que la discusión excede los aspectos jurídicos y se vincula con la definición del papel que debe cumplir el Estado en la garantía de derechos fundamentales para la ciudadanía.

En esa línea, afirmaron que áreas como la educación, la salud, la justicia y la seguridad constituyen responsabilidades indelegables que deben permanecer bajo gestión estatal.

Por ese motivo, adelantaron que defenderán la redacción vigente de la ley y rechazarán cualquier modificación que, a su criterio, permita avanzar hacia la concesión o privatización de funciones esenciales del Estado provincial.