La Justicia Federal impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno nacional por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, y alcanzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por sus responsabilidades en la administración del presupuesto nacional.
La decisión judicial respondió al reclamo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó durante los últimos meses ante la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes, además de la insuficiencia de recursos destinados a las becas estudiantiles, informó NA.
El magistrado estableció que la sanción económica comenzará con un monto de $100.000 diarios, aunque aclaró que tanto la cifra como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el Poder Ejecutivo continúa sin cumplir la disposición judicial.
Los fundamentos de la sanción judicial
En su resolución, Cormick sostuvo que correspondía aplicar las multas ante el incumplimiento de una advertencia judicial anterior, emitida el 30 de septiembre de 2026.
"En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina", señaló el documento.
El juez fundamentó la decisión en las competencias atribuidas a la Jefatura de Gabinete por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798.
Asimismo, precisó que las sanciones "se fijan en la suma de $100.000 en una primera etapa", con la posibilidad de modificar los montos y los funcionarios involucrados si se mantiene la falta de cumplimiento.
Las intimaciones previas al Gobierno
La resolución se produjo después de una serie de intimaciones judiciales dirigidas al Poder Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar.
El 22 de septiembre, el juez Cormick había otorgado un plazo de cinco días para que el Gobierno acreditara las acciones correspondientes. Sin embargo, una vez vencido ese período, no se registraron los pagos exigidos.
Posteriormente, el 30 de septiembre, el magistrado advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas. Ante la persistencia del incumplimiento, este miércoles decidió hacer efectiva la multa diaria.
La apelación del Gobierno y la vigencia de la cautelar
El conflicto judicial se desarrolló en paralelo con la apelación presentada por la administración del presidente Javier Milei contra el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había intentado dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
No obstante, Cormick remarcó que la presentación de ese recurso no suspendía las obligaciones establecidas por la medida cautelar.
En ese sentido, el magistrado afirmó que la disposición judicial "continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio", y sostuvo que había sido convalidada previamente por la Corte Suprema.