La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en $495.049.855.166 su Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2027, según estableció mediante la Acordada 18/2026. Además, determinó en 4.732 los cargos de su planta de personal y aprobó su Plan de Obras para el próximo año.
La acordada, fechada el 3 de agosto, estableció las previsiones correspondientes específicamente a la Corte Suprema. El Tribunal explicó que definió sus propios requerimientos debido a que, al momento de adoptar la decisión, el Consejo de la Magistratura todavía no había aprobado sus previsiones presupuestarias.
Según indicó el máximo tribunal, los cálculos fueron realizados teniendo en cuenta una proyección estimada de recursos, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y establecer los requerimientos de manera “prudente y moderada”. Al mismo tiempo, señaló que fueron fijados los valores considerados impostergables para asegurar el funcionamiento de la Justicia.
Los “techos presupuestarios” comunicados por Economía
En uno de los fundamentos de la acordada, la Corte hizo referencia a las previsiones comunicadas por el Poder Ejecutivo nacional para el próximo ejercicio.
“El Poder Ejecutivo Nacional a través de la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía ha comunicado los ‘techos presupuestarios’, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo textualmente el Tribunal.
En ese marco, la Corte estableció sus requerimientos presupuestarios para posteriormente comunicarlos al Poder Ejecutivo nacional, conforme a las facultades establecidas por la Ley 23.853.
Cómo se distribuyen los $495.049 millones
Del presupuesto total establecido para 2027, $401.735.464.986 corresponden a gastos en personal, el componente de mayor peso dentro de las previsiones.
Otros $40.527.359.967 fueron asignados a servicios no personales; $45.205.596.213, a bienes de uso; y $7.581.434.000, a bienes de consumo.
En cuanto al origen de los recursos, la acordada detalló que $433.447.600.943 corresponden a recursos con afectación específica de la Corte Suprema, mientras que otros $61.602.254.223 corresponden a recursos del Tesoro Nacional destinados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
La planta de personal prevista para 2027
La Corte fijó, además, en 4.732 los cargos de su planta de personal. La acordada detalló que 4.091 corresponden a cargos financiados con recursos de afectación específica del Tribunal y otros 641 a recursos del Tesoro Nacional vinculados con DAJUDECO.
En sus considerandos, el máximo tribunal indicó que en materia de recursos humanos se contempló “la cuantificación de los cargos existentes y necesarios” que conforman su estructura funcional.
La acordada también señaló que, para determinar las necesidades relacionadas con bienes de consumo y servicios no personales, se tuvo en cuenta la incidencia del aumento del nivel general de precios y los gastos correspondientes al proceso de mejora de la gestión judicial.
Inversiones y Plan de Obras
Entre las previsiones para 2027 fueron incorporados montos destinados a inversiones en equipamiento, bases de datos, programas y sistemas.
Asimismo, la Corte aprobó su Plan de Obras y contempló recursos para el reacondicionamiento, restauración, reciclado, mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente.
La planificación incluyó además la continuidad del programa de preservación y adecuación del Palacio de Justicia de la Nación, declarado Monumento Histórico Nacional.
Remanentes y aportes previstos por ley
Otro de los puntos de la Acordada 18/2026 fue el requerimiento para incorporar al presupuesto de la Corte los remanentes de recursos correspondientes a ejercicios anteriores.
El Tribunal fundamentó ese pedido al señalar que esos recursos “resultan indispensables para el cumplimiento de la indelegable misión de administrar justicia”.
Finalmente, la Corte resolvió requerir nuevamente la incorporación de los aportes establecidos en el artículo 2°, parte final, de la Ley 23.853. En los fundamentos, sostuvo que resultaba necesario garantizar la autarquía financiera prevista por la denominada Ley de Autarquía Judicial y continuar las gestiones orientadas a alcanzar la plena autonomía presupuestaria.