Una empresa entrerriana denunció haber sido víctima de una millonaria estafa informática y responsabilizó a la entidad financiera con la que operaba por presuntas fallas en los controles de seguridad. El caso ya comenzó a avanzar en la Justicia y podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los bancos ante delitos digitales.

La firma de la localidad de Crespo, representada por el abogado Germán Palomeque, inició acciones tanto en el fuero penal como en el civil. Según expuso a FM Estación Plus, la maniobra delictiva se habría concretado tras una breve intrusión informática que permitió a terceros acceder a datos sensibles y operar las cuentas en cuestión de horas.

De acuerdo al planteo legal, los atacantes lograron ingresar de forma remota a un equipo de la empresa y, a partir de allí, manipular canales habituales de comunicación. Utilizando la cuenta de WhatsApp, habrían solicitado una clave token al banco, que fue entregada sin una verificación adecuada de identidad.

“El agente del banco accede erróneamente a ese requerimiento sin corroborar la identidad del interlocutor y usando una vía que las propias entidades desaconsejan”, sostuvo el letrado al apuntar que esa respuesta resultó determinante para que los delincuentes pudieran operar el home banking de la firma. Con ese acceso, concretaron 14 transferencias de importantes montos en apenas 15 minutos.

Una maniobra en minutos y con fallas clave

Sin embargo, remarcó que el acceso a la cuenta se habría producido varias horas antes y que la empresa detectó la situación durante la mañana, dando aviso a la entidad bancaria. Pese a ello, el control no fue restituido de inmediato, lo que -según la denuncia- facilitó la concreción de las operaciones fraudulentas.

“Hubo una grave falta de reflejo. Durante casi cuatro horas no se restituyó el acceso y se terminó permitiendo, con ese accionar negligente, que se concretaran las transferencias”, cuestionó Palomeque.

Otro de los puntos cuestionados fue el funcionamiento de los sistemas de alerta. Las transferencias, dirigidas a billeteras virtuales mediante CVU, no coincidían con la operatoria habitual de la firma, pero las notificaciones por movimientos sospechosos se habrían activado con demora.

“Las alertas por movimientos sospechosos saltaron recién dos horas después. Era claramente una operatoria fuera de lo habitual”, afirmó el abogado.

Reclamo judicial y posible precedente

El caso se tramita por dos vías: una penal, orientada a identificar a los responsables, y otra civil, que busca la reparación económica por los daños ocasionados. Actualmente, el reclamo se encuentra en instancia administrativa dentro del sistema de Defensa del Consumidor.

Desde la representación legal advirtieron que, de no alcanzar un acuerdo, avanzarán con una demanda civil. En ese marco, señalaron que existen antecedentes judiciales que comienzan a responsabilizar a las entidades financieras por los riesgos inherentes a su actividad, exigiendo garantizar la seguridad de los fondos de sus clientes.

El episodio se inscribe en un contexto de crecimiento de la ciberdelincuencia, con modalidades cada vez más complejas. Según el abogado, estos delitos suelen implicar maniobras organizadas, triangulación de fondos y utilización de cuentas de terceros, lo que dificulta su esclarecimiento.

Finalmente, se remarcó la importancia de la prevención y la educación digital para evitar este tipo de estafas, en un escenario donde la detección temprana resulta clave para limitar los daños.