Un empleado de un banco fue condenado a diez años de prisión efectiva después de que la Justicia determinara que se apropió de fondos públicos mediante el cobro irregular de 53 cheques. El monto involucrado fue de 71.801 soles peruanos, equivalentes actualmente a unos US$21.400.
El caso ocurrió en Perú y tuvo como acusado a un extrabajador del Banco de la Nación de ese país, quien en 2022 se desempeñaba como cajero y tenía acceso a operaciones vinculadas con documentos emitidos por organismos públicos.
Según la acusación, desde ese puesto procesó 53 cheques no negociables pertenecientes a una unidad educativa de la provincia de Canta. Los documentos fueron pagados pese a que las firmas estampadas no correspondían a las de sus verdaderos beneficiarios.
Los titulares aseguraron que nunca cobraron
Las irregularidades quedaron expuestas cuando las personas a cuyo nombre estaban emitidos los cheques declararon que nunca habían recibido el dinero. El propio banco detectó posteriormente las operaciones cuestionadas y presentó la denuncia.
Durante el juicio se incorporaron una pericia contable para establecer cuánto dinero había sido retirado y un análisis de las firmas de los documentos. También declararon los titulares de los cheques y personal de la entidad financiera.
Con esas pruebas, la Justicia consideró acreditado que el empleado de un banco había utilizado su posición para apropiarse del dinero. Fue declarado responsable por apropiación agravada de fondos públicos y falsificación de documentos.
Diez años de cárcel y una indemnización millonaria
El tribunal impuso una pena de diez años de prisión efectiva. Además, el condenado deberá pagar una reparación civil de 80.000 soles, que al tipo de cambio actual representa aproximadamente US$23.845.
La sentencia también lo inhabilitó durante diez años para ejercer cargos públicos. El fallo fue dictado en primera instancia, por lo que todavía puede atravesar instancias de revisión judicial.
La condena se agravó por el monto involucrado en la maniobra. La legislación peruana establece penas mayores cuando la apropiación de fondos públicos supera determinados límites económicos, circunstancia que se verificó en este expediente.