El Estado Nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar que suspendió diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral (LML), tras una acción impulsada por la CGT. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación y lleva la firma de la abogada Mayra Rafaela Cosentino, con el patrocinio del procurador Sebastián Javier Amerio.
En el escrito, el Gobierno calificó la decisión judicial como “prematura y ligera”, y planteó una serie de argumentos que ahora deberán ser evaluados por la Cámara correspondiente.
Uno de los puntos centrales de la apelación es la supuesta violación del principio del juez natural. El Estado sostiene que, al ser la Nación parte en el proceso, la causa debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional, y no en la Justicia Nacional del Trabajo. Para respaldar esta postura, se citan antecedentes de la Corte Suprema como los fallos “Rizzo” y “Corrales”.
Falta de un caso concreto
El recurso también cuestiona la legitimidad de la acción presentada por la CGT, al considerar que se trata de una “indagación meramente especulativa”. Según el planteo oficial, la central sindical impugnó cerca de 50 artículos sin demostrar un perjuicio directo y concreto, lo que, a criterio del Estado, impide habilitar un control de constitucionalidad general.
Otro de los ejes de la apelación es la suspensión del artículo 55 de la Ley 27.802, vinculado a la actualización de créditos laborales. El Gobierno remarcó que el propio juez de primera instancia modificó su decisión posteriormente, lo que evidenciaría inconsistencias en el análisis y reforzaría la idea de que no existe un daño generalizado para los trabajadores.
Legitimación y división de poderes
Finalmente, el Estado advirtió sobre la “gravedad institucional” de suspender una ley sancionada por el Congreso con alcance nacional. En ese sentido, sostuvo que la CGT no cuenta con legitimación para representar a todo el universo laboral y que la medida cautelar invade facultades del Poder Legislativo, según indicó Iprofesional.
Con esta apelación, el Gobierno busca que la Cámara revoque la cautelar y permita la aplicación plena de la reforma laboral, al considerar que la norma apunta a fomentar el empleo formal y la reactivación económica.