Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo régimen penal juvenil, que reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece que los adolescentes podrán ser imputados penalmente desde los 14 años. La reforma modifica además el esquema de sanciones, el encierro y las medidas de seguimiento.
Hasta ahora, los menores de 16 años eran considerados inimputables. Con el nuevo marco, quienes tengan entre 14 y 17 años y cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial, aunque dentro de un sistema específico para adolescentes.
La legislación establece que las respuestas judiciales deberán contemplar no sólo la responsabilidad por el hecho cometido, sino también objetivos educativos, de resocialización y de integración social.
Cómo serán las penas
Uno de los cambios centrales del régimen penal juvenil es la prohibición de aplicar prisión o reclusión perpetua a personas menores de 18 años. El límite máximo para una pena privativa de la libertad será de 15 años.
También se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena, siempre que se reúnan las condiciones previstas para obtener ese beneficio.
La nueva normativa aclara, además, que la comisión de un delito no derivará automáticamente en el encierro del adolescente. Dependiendo del caso, los jueces podrán disponer respuestas diferentes a la privación de la libertad.
Medidas alternativas y monitoreo
Entre esas opciones aparecen la reparación del daño causado, restricciones de acercamiento, reglas de conducta y la participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias. También podrá aplicarse una amonestación formal acompañada de otras condiciones.
La reforma incorpora además el monitoreo electrónico para adolescentes. El mecanismo podrá utilizarse tanto para controlar determinadas sanciones como dentro de otras medidas dispuestas durante el proceso.
Cuando corresponda una privación de la libertad, los jóvenes deberán ser alojados en establecimientos especialmente acondicionados y con personal especializado. El régimen penal juvenil prohíbe expresamente que compartan lugares de detención con personas adultas.
Cómo será el alojamiento de los adolescentes
La normativa contempla distintas modalidades, desde institutos de régimen abierto hasta centros especializados de detención y, en determinados casos, arresto domiciliario. La alternativa elegida dependerá de las circunstancias y de la resolución judicial.
También continuará vigente la protección de la identidad de los adolescentes sometidos a proceso. No podrán difundirse nombres, apodos, domicilios, imágenes, datos familiares u otra información que permita identificarlos.
La reforma otorga además una mayor participación a las víctimas, que podrán recibir información sobre el avance de las actuaciones e intervenir en el proceso dentro de los alcances establecidos por la ley. También se contempla la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.
Las dudas sobre la implementación
La puesta en marcha del nuevo sistema abre interrogantes sobre la capacidad de los juzgados y organismos especializados para recibir un mayor número de causas. Entre los puntos señalados aparecen la disponibilidad de personal, establecimientos adecuados, dispositivos electrónicos y equipos encargados del acompañamiento de los adolescentes.
También deberán coordinarse las disposiciones nacionales con los sistemas procesales de cada provincia. Algunas jurisdicciones ya comenzaron a elaborar protocolos y mecanismos de adaptación para aplicar las nuevas reglas.
Para implementar el régimen penal juvenil, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08. Mientras comienza su aplicación, continuarán las tareas de coordinación entre el Poder Judicial, los ministerios públicos y las distintas jurisdicciones para definir criterios operativos.