La causa Contratos continúa analizándose en la Justicia para determinar la culpabilidad de al menos 20 personas que continúan imputadas. En el programa GPS, que se emite por Elonce de 17:30 a 19:00 horas, estuvo como invitado Damián Petenatti, el abogado defensor de uno de los implicados.

Sobre el estado de la causa, comentó: “Es una audiencia multipropósito como se le suele llamar. Lo que hemos venido planteando en esta audiencia es la oposición o pedidos de exclusión de prueba porque entendemos que tiene que quedar fuera de lo que es esta causa por distintas razones. Nosotros, que entendemos que no estaba fundada o debidamente fundada la orden de allanamiento de prueba, no siguió los procedimientos y los protocolos en materia de evidencia digital. Esta causa tiene mucho soporte en materia de evidencia digital y actualmente nos encontramos más en la crítica, lo que es al modo de acusar de la Fiscalía y que entendemos que, en definitiva, no se ajusta a lo que son los parámetros legales para hacer una acusación en términos constitucionales”.

En cuanto al número de imputados actualmente, el abogado informó que “debe estar alrededor de los 20 aproximadamente porque fueron unos ocho o nueve que, previo a esta audiencia, ya quedaron momentáneamente desvinculados porque accedieron a la suspensión del proceso penal a prueba y otro fue sobreseído”.

Consultado sobre cómo ve el desarrollo de las audiencias, sostuvo: “A nuestro modo de ver, coincidimos con los defensores que esta investigación ha sido extremadamente sesgada, parcializada. Es una causa donde hay muy pocos funcionarios públicos y los funcionarios públicos que están acusados son de menor rango”.

Otra crítica del abogado fue directamente a la Justicia: “La causa coloquialmente se la denomina como contratos truchos y la fiscalía no puede determinar cuáles son esos contratos que reputan como truchos. Falta mucha información en la acusación y en los hechos vinculadas a esa contratación, que es lo que nosotros nos permitiría en un hipotético juicio hacer una defensa rigurosa y de calidad”.

“A mi defendido, que es un particular y no es un funcionario público, se lo acusa como partícipe de lo que se llama el delito de peculado, que es sustraer dinero del Estado, en este caso del Estado provincial”, explicó. En la misma línea, contestó: “Mi defendido no podía tener la menor participación o la menor intervención de todo lo que es el procedimiento de la contratación de estas personas. Esto es innegable porque es un particular sin ningún tipo de injerencia ni decisión de parte del Estado”.