Condenaron a una ex jueza por ofrecer dinero para conseguir bebés en adopción, un caso que volvió a sacudir al sistema judicial bonaerense por la gravedad de los hechos investigados y por las declaraciones que quedaron incorporadas en el expediente. Alejandra Claudia Velázquez, quien estuvo al frente del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, admitió haber cometido el delito de cohecho agravado y recibió una pena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años.

La resolución fue dictada por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro en el marco de un juicio abreviado, procedimiento mediante el cual la ex magistrada reconoció su responsabilidad penal. Según trascendió, la sentencia se conoció esta semana y puso punto final a una investigación que se extendió durante más de una década.

Si bien la condena prevé prisión efectiva, Velázquez no regresará a una unidad carcelaria debido a que ya permaneció detenida durante parte de 2024 y 2025. Por esa razón, la Justicia le concedió la excarcelación bajo las condiciones previstas para la libertad condicional.

La frase que desencadenó el escándalo

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos ocurrieron en 2011 cuando Velázquez convocó a dos funcionarias públicas a su despacho y les realizó una propuesta que luego sería considerada delictiva. Según consta en el expediente, la entonces jueza les manifestó que podían realizar una especie de “changa” y les ofreció dinero para que localizaran mujeres embarazadas o menores vulnerables que pudieran ser incorporados a procesos de adopción impulsados por familias de alto poder adquisitivo.

La frase atribuida a la magistrada se transformó en uno de los elementos más impactantes de la causa. En el fallo se consignó que les indicó que debían salir a buscar “panzas” en sectores vulnerables porque había personas adineradas en countries de Pilar interesadas en conseguir niños para conformar familias.

Aunque las funcionarias rechazaron inmediatamente la propuesta, la Justicia entendió que el delito quedó configurado por el solo ofrecimiento. El tribunal sostuvo que la conducta implicaba una grave afectación de los derechos de niños y niñas al transformarlos en posibles objetos de intercambio económico.

La destitución y otras graves acusaciones

El caso tomó estado público en 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió destituir a Velázquez por unanimidad. La ex jueza ya había sido suspendida un año antes mientras avanzaban las investigaciones.

Entre las irregularidades detectadas figuraban el fechado falso de sentencias, situaciones de acoso laboral y la firma de más de 600 expedientes por parte de auxiliares durante ausencias de la magistrada, muchas de ellas sin autorización de la Suprema Corte bonaerense.

Sin embargo, el aspecto más grave estaba vinculado a la presunta intermediación en la entrega de bebés mediante mecanismos incompatibles con la legislación vigente y con los estándares internacionales de protección de la infancia.

Los fundamentos de la destitución también incluyeron testimonios de empleados judiciales que describieron situaciones de maltrato laboral. Uno de los episodios consignados señalaba que habría sugerido a una trabajadora ligarse las trompas luego de haber tenido tres hijos.

Denuncias por maltrato y desinterés en causas de menores

El expediente disciplinario incluyó otros hechos que fueron considerados especialmente graves por las autoridades judiciales. Entre ellos, se mencionó el caso de una empleada que sufrió un aborto espontáneo mientras trabajaba.

De acuerdo con la documentación incorporada al proceso, la magistrada habría ordenado que continuara desempeñando tareas hasta finalizar la jornada laboral. Posteriormente, según consta en los testimonios, minimizó la situación al señalar que probablemente se trataba de un embarazo no deseado.

Los investigadores también cuestionaron el desempeño de Velázquez en expedientes vinculados a menores de edad. Diversos testigos declararon que la jueza no participaba de audiencias y desconocía aspectos esenciales de los casos bajo su responsabilidad.

Uno de los ejemplos citados fue el de un adolescente identificado con las iniciales A.P., quien atravesó distintos dispositivos de protección luego de un intento de suicidio. El fallo remarcó que la magistrada nunca lo visitó y que dictó resoluciones sin conocer con precisión su situación.

Captura internacional y extradición

La causa registró un nuevo capítulo a comienzos de 2024, cuando el fiscal José Amallo informó que no lograba localizar a la ex jueza en el domicilio que tenía declarado. Ante esa situación, el juez Nicolás Ceballos ordenó una captura internacional. Las averiguaciones permitieron determinar que Velázquez había abandonado el país con destino al Reino Unido.

Finalmente fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid. Tras el proceso correspondiente, fue extraditada a la Argentina el 21 de agosto de 2025.

Desde entonces permaneció bajo arresto domiciliario en una vivienda ubicada en Tigre hasta la resolución del juicio abreviado que concluyó con la condena. Paralelamente, la Justicia autorizó un viaje a España bajo estrictas condiciones, aunque la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, publicó Clarín.

La sentencia cerró uno de los expedientes más sensibles que involucró a una magistrada bonaerense. Para la Justicia, la conducta reconocida por Velázquez vulneró principios esenciales de protección de la niñez y comprometió la función pública que debía garantizar la transparencia de los procesos de adopción.