Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron este miércoles por la mañana frente a la Secretaría de Justicia de Entre Ríos, en defensa de los derechos laborales y para solicitar la reincorporación de empleados cesanteados. La protesta también se realizó en acompañamiento a organismos de derechos humanos, tras la rescisión de contratos en áreas vinculadas a políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La jornada de protesta se enmarcó en un plan de lucha definido en asamblea y tuvo como uno de sus ejes centrales la situación del Registro Único de Memoria, Verdad y Justicia. Desde el gremio advirtieron que la reducción de personal afectan de manera directa el funcionamiento del organismo.
En ese contexto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó a Elonce que la movilización respondió a una definición colectiva. “Es un plan de lucha que definimos en asamblea por la situación del Registro Único de Memoria, Verdad y Justicia y frente al desmantelamiento de las políticas de memoria, en un momento muy sensible, a días de cumplirse 50 años del golpe genocida en la Argentina”, sostuvo.
Reclamos salariales y laborales
Muntes señaló que uno de los principales reclamos fue la reincorporación de los trabajadores que quedaron desvinculados. “Planteamos la necesidad de la reincorporación de los trabajadores cesanteados el 31 de diciembre y también exigimos la urgente convocatoria a paritarias, porque hace meses que tenemos el salario congelado”, afirmó.
El dirigente gremial advirtió que el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas. “Vamos a seguir planteando este esquema de lucha durante febrero, porque no hay alternativas para la provincia. Pedimos que nos convoquen con seriedad para discutir la pérdida salarial que venimos teniendo”, expresó.
Asimismo, Muntes enmarcó el reclamo en un contexto más amplio. “Es un año muy complejo, con muchas reformas en debate. Se habla de una reforma constitucional y sabemos que detrás de eso vienen la reforma laboral, la tributaria y, en la provincia, la reforma previsional”, alertó.
Preocupación por las políticas de memoria
Durante la movilización también participaron referentes de organismos de Derechos Humanos. El abogado Marcelo Boeykens, integrante del espacio multisectorial, explicó a Elonce que el reclamo estuvo vinculado al aniversario número 50 del golpe de Estado. “Estamos reunidos como multisectorial de Derechos Humanos en el marco de los 50 años del golpe. Reclamamos por lo que consideramos un desmantelamiento del único organismo provincial dedicado a las políticas de Verdad, Memoria y Justicia”, afirmó.
Boeykens remarcó la importancia institucional del área. “No solo es el organismo donde se trabaja la identidad, la memoria y la justicia, sino que en estos 50 años es fundamental mantener viva la memoria. El Estado provincial y nacional tiene una obligación internacional para que hechos de barbarie como los de los años 70 no vuelvan a ocurrir, el nunca más, que es un consenso democrático desde 1983”, sostuvo.
Reducción de personal
“Es un razonamiento muy liviano decir que el trabajo ya no era necesario. Mi tarea estaba dedicada a causas de lesa humanidad, y en abril hay juicios previstos. Aun si no hubiera causas en curso, la memoria es una obligación internacional del Estado, al igual que la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado”, expresó.
Finalmente, Boeykens detalló la reducción de personal que atraviesa el organismo. “Éramos ocho trabajadores, despidieron a cuatro y quedaron otros cuatro, de los cuales uno es personal de maestranza. Es imposible sostener cualquier tarea de investigación o trabajo serio con tan poca gente”, concluyó.