La jueza de Nueva York formalizó la anulación de su sentencia de 2023 y cerró la primera instancia. Burford Capital recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si acepta revisar el fallo favorable a la Argentina.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la estatización de YPF. La resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones y cierra la etapa de primera instancia.
El fallo original había sido dictado en 2023 y, con los intereses acumulados, el monto reclamado superaba los US$18.000 millones. La causa se inició por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Preska acató la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena al considerar que la sentencia había interpretado de manera errónea la legislación argentina.
Los fundamentos para anular la condena
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de dejar sin efecto el fallo, con la disidencia de José Cabranes. El tribunal concluyó que la legislación argentina sobre expropiaciones impide demandas de terceros que interfieran con ese proceso.
La Cámara también sostuvo que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños bajo los argumentos presentados en la causa.
En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión. Esa decisión agotó la instancia de apelación ordinaria y mantuvo vigente el pronunciamiento favorable a la Argentina.
Burford llevó el reclamo a la Corte Suprema
A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. El fondo financia la demanda iniciada por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.
En su presentación, calificó el fallo de la Cámara como “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”. Ahora, el máximo tribunal deberá resolver si acepta revisar el expediente.
La Corte Suprema estadounidense no está obligada a intervenir. Recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele aceptar alrededor de 80, sin un plazo establecido para pronunciarse sobre la admisión.
Un reclamo paralelo ante el CIADI
Mientras busca que la Corte revise el juicio por YPF, Burford abrió otra vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Esa presentación arbitral fue realizada en representación de las sociedades Petersen. El conflicto suma así un procedimiento paralelo al expediente judicial tramitado en Nueva York.
