La medida extiende el período hasta el 28 de febrero e incorpora al temario la reforma de la ley vigente. El Ejecutivo busca evitar que los dictámenes pierdan validez por los plazos reglamentarios y avanzar con un nuevo esquema que contemple la actualización presupuestaria.
El Gobierno nacional oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero, con el objetivo de garantizar el tratamiento del financiamiento universitario y evitar que las iniciativas debatidas en la última semana del mes queden sin efecto por cuestiones reglamentarias.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. El texto establece la extensión del período convocado originalmente por el Decreto 24/2026 y suma un día más al cronograma previsto.
Según se explicó, la modificación responde a la norma interna de la Cámara de Diputados que señala que, si restan diez días o menos para el cierre de sesiones, los dictámenes emitidos podrían carecer de efectos prácticos. Con la prórroga, el oficialismo busca asegurar la validez de los despachos que se emitan en el tramo final de febrero.
Además, el Poder Ejecutivo confirmó que incorporará al temario la “consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, una iniciativa que será enviada al Congreso en los próximos días.
La decisión se da en el marco de la crisis por el financiamiento universitario que se profundizó entre 2024 y 2025, con movilizaciones masivas y reclamos de la comunidad académica tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. En ese contexto, el Gobierno apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la norma aprobada el año pasado y ahora impulsa un nuevo texto adaptado a su política fiscal, indicó Infobae.
Desde la Casa Rosada sostienen que cualquier modificación deberá respetar el equilibrio de las cuentas públicas. Por eso, funcionarios del área educativa mantuvieron reuniones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional para avanzar en una propuesta consensuada que otorgue previsibilidad presupuestaria y resguardo jurídico a las universidades, sin comprometer el objetivo de déficit cero.
En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que la apelación tenga efecto suspensivo, lo que permitiría debatir una nueva ley mientras continúa el proceso judicial.
