En medio de la protesta policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el gobierno de Santa Fe ratificó la voluntad de diálogo, reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral y aseguró que la seguridad en Rosario "se mantiene en niveles aceptables".
En medio de una nueva jornada de protesta policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el gobierno de Santa Fe ratificó su voluntad de diálogo con los efectivos que reclaman mejoras salariales y laborales, reconoció la legitimidad de parte de los planteos y aseguró que, pese a las dificultades, la seguridad en Rosario se mantiene en niveles “aceptables” de operatividad. Al mismo tiempo, endureció el discurso frente a las acciones que consideró irregulares y confirmó sanciones administrativas y una investigación penal en curso.
La postura oficial fue expresada este martes por la noche por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, quien diferenció dos planos del conflicto: por un lado, un reclamo que calificó como “justo y necesario”, vinculado a la recomposición salarial, la salud mental y la calidad del trabajo policial; y por otro, la dificultad para establecer canales claros de comunicación con los manifestantes.
“No es una falta de voluntad ni de recursos. El problema es que no hay interlocutores claros que permitan transmitir las propuestas y avanzar en una negociación efectiva”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa.
Santantino destacó el rol central de la Policía de Santa Fe en el plan de seguridad provincial y recordó que la reducción de la violencia en Rosario se logró con la fuerza en la calle. En ese sentido, afirmó que, si bien no hay una normalidad plena, los niveles actuales de operatividad “son aceptables e incluso superiores a los de años anteriores”, con personal activo en patrullajes, investigaciones y atención del 911.
Una mesa de diálogo que no se concretó
La tensión se profundizó durante la tarde cuando volvió a frustrarse una reunión anunciada entre autoridades provinciales y el abogado Gabriel Sarla, quien actúa como interlocutor de los policías autoconvocados. El encuentro, previsto inicialmente para las 15 en la sede de Gobierno en Rosario, fue reprogramado y finalmente no se concretó, lo que reavivó la protesta con sirenazos, cortes de calle y móviles oficiales detenidos frente a la Jefatura.
Sarla aseguró que no hubo propuestas concretas porque no pudo reunirse con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien se encontraba reunido con el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde el Ministerio de Seguridad, en cambio, afirmaron que la reunión seguía en pie y que las versiones cruzadas terminaron por enrarecer aún más el clima de negociación.
Mientras tanto, la protesta se extendió tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, sin llegar a un acuartelamiento formal, pero con acciones que encendieron alertas en el Ejecutivo provincial.
Reclamos salariales y condiciones laborales
El trasfondo del conflicto combina demandas salariales y cuestionamientos a las condiciones de trabajo. Desde el sector movilizado sostienen que los anuncios oficiales —como un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo— no implican una recomposición real del salario, ya que no impactan en el básico, los adicionales ni las jubilaciones, y alcanzan solo a una parte del personal.
A esto se suman reclamos por extensas jornadas laborales, falta de descanso y problemas de salud mental dentro de la fuerza, un tema que cobró mayor visibilidad tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien atravesaba una situación de vulnerabilidad psicológica.
Desde el gobierno provincial, Santantino aseguró que los incrementos anunciados siguen vigentes y tendrán un impacto “muy considerable” en los ingresos del personal operativo, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir revisando otros aspectos del trabajo policial.
Endurecimiento del discurso y sanciones
El ministro Pablo Cococcioni endureció el tono frente a la protesta y apuntó a “sectores desplazados de la Policía de Santa Fe” como instigadores del conflicto. Señaló que sobre un reclamo inicialmente legítimo “se montaron intereses particulares” que derivaron en acciones violentas y antijurídicas, como la paralización de móviles y el presunto abandono de servicio.
Como consecuencia, al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, se les retiró el arma reglamentaria y se iniciaron actuaciones administrativas. En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación penal preparatoria por posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia y de la Fiscalía especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional, que analizará si la conducta del personal involucrado comprometió la seguridad pública.
Pese al endurecimiento del discurso, el gobierno provincial reiteró que no hay plazos ni ultimátums para cerrar la negociación y que la prioridad sigue siendo reconstruir canales de diálogo claros para descomprimir un conflicto que tiene a Rosario como epicentro, pero que se mantiene bajo monitoreo en toda la provincia.
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