"La legislación es unificada a nivel nacional pero lo que difiere, entre una provincia y otra, son las prácticas. En Entre Ríos la práctica es bastante progresista. No tenemos investigaciones que se hayan tramitado contra una mujer que se haya realizado un aborto. Esto tiene que ver con prácticas del sistema de salud, porque, obviamente, que existen infinidad de casos de mujeres que llegan a los hospitales a pedir auxilio luego de un aborto mal practicado, pero esto se resuelve en el ámbito médico, como debe ser, y no en el ámbito penal", expresó la funcionaria judicial.
En ese marco, admitió que "en otros lugares del país, desde centros hospitalarios realizan las denuncias ante mujeres que llegan a pedir auxilio luego de un aborto mal practicado". Comentó que el último caso investigado de centros clandestinos donde se practicaban abortos es de hace "cuatro o cinco años" y refirió que el sentido de perseguir a quienes pueden ser autores de estos actos apunta fundamentalmente a casos como los que se observó por entonces "en el norte de la provincia, con mucho descuido o desconsideración de las mujeres".
Sistema de plazos
La procuradora resaltó que "no hay ningún país donde esté absolutamente prohibido el aborto. En el nuestro tampoco", ya que está permitido cuando "existe riego para la vida o salud para la madre o en caso del embarazo derivado de una violación".Precisó que en el proyecto en debate, se discute una iniciativa basada "en los plazos, es decir que sin ninguna circunstancia particular se permite el aborto hasta una cierta cantidad de semanas. Por ello el aborto no sería punible hasta las 12 o 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo el aborto seguirá siendo delictivo. Salvo China, no existe país en el mundo en que el aborto esté totalmente permitido", enfatizó. Y fue más allá: "Estamos hablando siempre de un aborto con consentimiento de la madre, ya que si la mujer no está de acuerdo el aborto, obviamente, es un delito, más allá del momento en que se produzca".
Y se explayó: "Lo que se discute es la despenalización que conlleva para esas primeras semanas una situación de legalización de las prácticas que hasta hoy se realizan de manera clandestina, lo que conlleva una actividad del Estado para garantizar las prácticas en el sistema de salud.