La Sociedad Rural de Rosario expresó su apoyo al proyecto de ley que busca derogar la actual ley de manejo de fuego. La entidad indicó que esta norma sancionada en 2020 es "inútil e ineficaz" y que produce "daños a la propiedad privada", así como también "estigmatiza al sector vinculado con la producción".
La ley de manejo de fuego tiene un rol clave a la hora de establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente respecto de los incendios forestales y rurales. Por ejemplo, prohíbe que las áreas afectadas por incendios forestales sean utilizadas para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios.
La propuesta legislativa de derogar la actual ley de manejo de fuego (N° 27.604) fue realizada por el diputado nacional de La Libertad Avanza Beltrán Benedit. El legislador, oriundo de Paraná, recientemente estuvo en el ojo de la tormenta tras haber organizado una visita a la cárcel de Ezeiza a los represores de la última dictadura militar, entre ellos Alfredo Astiz.
El proyecto de ley presentado por Benedit considera que la norma vigente desde el 24 de diciembre del 2020 ha sido "elaborada sobre un supuesto erróneo, cargada de contenido ideológico y prejuicios, con escaso sustento técnico y legalmente cuestionable".
En este sentido, la iniciativa indica la necesidad de derogar aquella norma porque "atenta contra la propiedad privada". Además, considera que la ley actual no evitó la propagación del fuego y sólo contribuyó a empeorar la situación de quienes sufrieron incendios porque "les ató las manos para realizar acciones que permitan recuperar los suelos y el ambiente".
"La conclusión respecto de la responsabilidad de los propietarios de los campos en la ocurrencia de los incendios, anula por completo el principio de inocencia", indica el proyecto de ley presentado por Benedit, quien además fue director de la Sociedad Rural de Entre Ríos.
El comunicado de la Sociedad Rural de Rosario
"La Sociedad Rural de Rosario recibe con satisfacción la presentación de un proyecto de ley que propone derogar la actual Ley de Fuego (27.604), herramienta que no solamente es inútil e ineficaz, sino que además produce daños a la propiedad privada, introducción de situaciones que violan competencias jurisdiccionales y estigmatiza al sector vinculado con la producción.
El proyecto de Ley del diputado nacional Beltrán Benedit, propone derogar la ley que modifica la ley 26.815 de Manejo de Fuego. Los motivos de la propuesta de derogación se basan en:
1. Presupuesto erróneos e ideológicos: fue creada con suposiciones incorrectas y carga ideológica, sin suficiente respaldo técnico.
2. Ineficacia en la prevención de incendios: La normativa no ha sido efectiva en la prevención de incendios significativos, como el ocurrido en Corrientes en 2022 y en el Parque Nacional Los Alerces en 2024.
3. Perjuicio a propietarios: La ley afecta negativamente a los propietarios, restringiendo sus derechos y su capacidad para recuperar sus tierras.
4. Violación de derechos: Impone una presunción de culpabilidad sin pruebas y restringe el uso de la tierra, violando el derecho de propiedad y el principio de inocencia.
5. Competencias provinciales avasalladas: Excede las competencias del Congreso y elimina la capacidad de las provincias para gestionar su territorio.
6. Inconstitucionalidad: La ley es inconstitucional, ya que interfiere con competencias provinciales y derechos de propiedad, e impone restricciones injustificadas.
7. Normas existentes suficientes: Ya existen leyes como la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos que regulan la protección del medio ambiente sin necesidad de prohibiciones tan drásticas e inconducentes.
Debido a estos argumentos, la Sociedad Rural de Rosario ha decidido apoyar y acompañar el Proyecto de Ley (3553-D-2024) del Diputado Nacional Beltrán Benedit y otros diputados, con el objetivo de derogar la Ley 27.604. Según la entidad, esta acción es necesaria para restaurar los derechos de propiedad, respetar las competencias provinciales y establecer una regulación más razonable del manejo del fuego".
Qué es la ley de Manejo del Fuego que se busca derogar
Originalmente, la normativa fue aprobada por el Congreso a finales de 2012 (ley 26.815) y estableció ciertos presupuesto mínimos para la protección y preservación del ambiente en relación a los incendios rurales y forestales.
En el 2020, cuando los incendios en las islas entrerrianas fueron alarmantes y en la ciudad de Rosario el humo inundó las calles, el entonces diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto para modificar la normativa anterior buscando ampliar la protección de los ecosistemas amenazados por el fuego.
Aquella ley se aprobó el 24 de diciembre del 2020 y prohibió que se realizaran modificaciones en el uso de superficies que habían sido víctimas de incendios forestales ya sean intencionales o accidentales. En el caso de bosques nativos o implantados, naturales y humedales se establecía un plazo de 60 años y 30 en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
Los Investigadores advierten sobre una "segunda pandemia de fuego"
El intento por derogar la ley de Manejo del Fuego no puede llegar en un momento más inoportuno. En un contexto de bajante extrema del río y una sequía que se prolongó durante tres años, diversas previsiones marcan un panorama complicado.
La UNR compartió un informe en el que advierte sobre la necesidad de tomar medidas preventivas ante eventuales incendios para lo que queda de 2024 y la primera etapa de 2025. El reporte, elaborado por el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias, remarca que, en poco más de un año, la superficie de los humedales del Delta del Paraná cubierta por agua pasó del 50% a menos del 16%, algo que “aumenta considerablemente la superficie que, en la actualidad, podría acumular biomasa”.
Si bien la cantidad de biomasa calculada en la actualidad no llega a ser la del período 2020-2022, en el que los incendios arrasaron con cientos de miles de hectáreas, la vuelta de La Niña hacia fin de año, con menos lluvias y una nueva bajante proyectada para el río Paraná, hace que desde la UNR requieran que se tomen “las medidas preventivas del caso”. (La Capital)
