"Para nosotros era muy importante poder formalizar la presentación de este proyecto que es un nuevo régimen de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y que se lo estamos elevando al Gobernador", dijo Stratta en diálogo con Elonce TV.
Tras ello, explicó que el mismo, "forma parte de un compromiso que asumimos quienes estamos en el Poder Ejecutivo de poder recoger las experiencias que venían sucediendo en la provincia y plasmarla en un proyecto que abordara todos los tipos de violencia, que entendiera la diversidad de nuestro territorio provincial y también las diversidades de mujeres. Este proyecto no asume un tipo de mujer sino que también aborda la mujer de islas, la mujer en las zonas rurales, la mujer niña, la mujer con discapacidad; también acorta los tiempos y sostiene una respuesta integral del Estado".
"No es tema de un solo Poder o de un solo actor, sino que tiene que haber un abordaje integral, que acompañe a la víctima, que no la re victimice y le pueda dar una respuesta a la situación que está atravesando", remarcó.
Finalmente la Vicegobernadora dio cuenta que la normativa "también reconoce el rol de los municipios, de las comunas, de las organizaciones de la comunidad, de la justicia. Este proyecto tiene una visión reflexiva, una mirada crítica que tenemos que tener como Estado porque la violencia nos interpela y así como logramos sancionar una Ley de Paridad Integral este nuevo régimen de prevención y erradicación de la violencia, tiene que tener una mirada abarcativa, crítica y reflexiva y sobre todo que quiera aportar a poder construir una mejor sociedad".
Respecto del proyecto y su contexto, la ministra Paira indicó: "El gobernador Gustavo Bordet ha marcado la importancia del trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado para generar estrategias integrales ante situaciones de violencia hacia las mujeres y el colectivo de la diversidad, en este contexto ha dado prioridad al abordaje de las áreas específicas. Por eso celebramos la presentación de este nuevo Régimen de protección, que avanzó en un proyecto integral que contempla las diferentes leyes, y que ha sido discutido y consensuado con los organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil".
En tanto que la ministra Romero consideró: "Lo más significativo es que hoy estamos mejorando una norma que a la luz de otras sanciones nacionales y provinciales quedó vieja a pesar de que no tenga muchos años. Pero implica una reforma en el sistema de justicia nada más y nada menos que en materia de género y de violencia. Me parece que es un aporte más en ese sentido, que fortalece, acrece y alimenta esa idea de ir produciendo reformas en un camino de mayores derechos y mayor justicia".
"Por último, celebro que cada vez más tengamos en la agenda pública la temática de género y violencias. Siempre cuento que costaba en el siglo XX que a las mujeres y a los niños se les crea. Fíjense ustedes como estamos de diferentes ahora. Eso no es fruto de la casualidad sino, precisamente de la capacidad de ir pudiendo enlazar políticas públicas y fortalecerlas desde la mirada de la mujer", resaltó.
Aspectos del proyecto
La iniciativa modifica la ley provincia 10.058 (de adhesión de la ley nacional 26.485) adhiriendo a toda la norma, excepto al procedimiento, para establecer uno propio en el territorio provincial. Igualmente deroga la ley 9.198 de Violencia Familiar, que con una vigencia de 20 años ya estaba virtualmente derogada por otras normas posteriores. Igualmente se modifica la ley del Consejo de la Magistratura 9.996 estableciendo la obligatoriedad de acreditar la formación en géneros del o de la concursante, la perspectiva de género y la formación en abordajes de las violencias por razones de género, como parte de los concursos para la designación de jueces y magistrados.Se establecen como principios rectores en la aplicación e intervención judicial la perspectiva de derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, el principio de igualdad real de oportunidades y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Específicamente se recepta la necesidad de dar protección integral de los derechos de las adultas mayores, del derecho a la salud mental, a las personas con discapacidad. Y se considera la protección integral de los derechos del colectivo LGTBQ+ y la prevención de actos discriminatorios.
Igualmente resulta central el principio de no revictimización de la mujer, integrando las tecnologías para evitar la reiteración de declaraciones y la superposición o reiteración de informes innecesarios que revictimicen a la mujer.
En cuanto a la garantía del acceso a la justicia se incluye la gratuidad de todas las actuaciones judiciales; la defensa y patrocinio letrado gratuito; el derecho a recibir un trato humanizado; a ser oída personalmente por el juez o la jueza y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que la afecten, garantizándole el derecho a participar activamente en el proceso, pudiendo acceder en toda la información que la involucre; la reserva de las actuaciones, la intimidad de las víctimas e identidad del denunciante y la confidencialidad de los datos en términos generales; y recibir protección judicial urgente y preventiva.
La denuncia del caso podrá efectuarse ante: cualquier juez o jueza de cualquier fuero e instancia, ante el Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial o la Policía de Entre Ríos. Puede ser realizada en forma verbal, escrita, por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad.
En cuanto a las medidas preventivas el juez debe dictar medidas preventivas urgentes, atendiendo al riesgo y a la evaluación de la situación denunciada. Previo a proveer las medidas deberá cargar el proceso en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial, consultar si existen antecedentes y medidas vigentes, e imprimir la Foja de Antecedentes para su agregación al expediente.
Será obligación del Estado la incorporación progresiva de tecnología en el control y aseguramiento del cumplimiento de las medidas dispuestas en los procesos de violencia de género.
Se fomentará la utilización de sistema de control electrónico como dispositivos duales o tobilleras, o tecnologías que se incorporen o reemplacen, en los procesos bajo amparo de la nueva ley.
Se deberá promover la aplicación de las herramientas de la tecnología disponibles, de acuerdo a cada situación y en cada etapa del proceso, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
