La fiscal Laura Cattaneo había requerido la elevación a juicio de la causa contra cuatro liquidadores del Consejo General de Educación (CGE) procesados como autores materiales del delito de peculado y a otros 16 empleados del organismo como partícipes necesarios. En relación a los hechos ocurridos entre 2007 y 2008, la Fiscalía sostuvo que a los liquidadores de sueldos Sergio Romeo Medina, Daniel Efraín García, Gastón José Armando Sánchez y Alberto Segundo Moyano -quienes fueron exonerados de la repartición estatal- se les atribuyó haber liquidado haberes de otros agentes dependientes del GGE en forma indebida y sin contar con la documentación que justificara dicha erogación, causando de esta forma un perjuicio al fisco provincial, según consta en el escrito judicial. Allí también se reveló que la maniobra entre ambos actores se concretaba en connivencia.
La investigación surgió a raíz de la denuncia verbal que la responsable de la División de Salario Familiar, Enseñanza Media, Superior y Privada del CGE, Silvia Del Valle Veliz le transmitió a Néstor Griffoni, que en ese momento se desempeñaba como coordinador de Liquidaciones. En su declaración testimonial, la mujer contó que tomó conocimiento de los hechos a partir del pedido de una contadora del área para verificar un código liquidado en el recibo de sueldo del empleado Diego Villalba. Afirmó que se buscó el legajo del agente, pero no se lo encontró, ni tampoco se pudo comprobar en el sistema que haya cobrado el salario familiar. Veliz también relató que se detectaron irregularidades en el nivel primario y que producto de esta anomalía le solicitó una auditoría a Griffoni.
Tras una auditoría que se inició mediante un expediente en la División de Salario Familiar quedaron al descubierto irregularidades en el cobro de retroactivos de por lo menos 30 salarios familiares, por montos que iban de 2.000 a 2.600 pesos, agravado por la falta de documentación respaldatoria (certificados de nacimiento, de escolaridad, de hijos diferenciados), según manifestó en su testimonial Miguel Fabián Gaggión, encargado de los expedientes del Departamento Ajustes y Liquidaciones. El testigo dijo también que para concretar este procedimiento fue necesario requerir a la Dirección de Ajustes y Liquidaciones un listado de retroactivos liquidados de dos años anteriores, en concepto de salarios familiares mayores a 1.000 pesos. Como parte de la misma operatoria la Dirección informó el movimiento, código de liquidación, código de sueldo, monto liquidado, fecha y hora en que se cargó dicho código de sueldo y el loggin del liquidador que realizó el movimiento. Consideró esto de gran importancia porque permitió saber quién hizo cada liquidación y al mismo tiempo, descubrir la faltante de documentación que avalaran los movimientos realizados.
En su testimonial, Griffoni, dijo que el 1º de julio de 2008 solicitó documentación que respalde las liquidaciones de seis empleados y que recibió como respuesta que respecto a los empleados Calvi, Fontana, Mendoza y Luna no se halló la documentación que justificara los retroactivos que se les habían liquidado.
En la documental incorporada a la causa se indicó que varios de los empleados que fueron acusados de esta maniobra celebraron un convenio para devolver el dinero percibido en forma irregular, así como también varios de ellos resultaron sobreseídos. Cuando sucedieron los hechos, Graciela Bar era presidenta del CGE y ordenó sanciones para los agentes procesados, que fueron desde la exoneración hasta la aplicación de días de suspensión sin goce de haberes.
Tanto los cuatro liquidadores de sueldos del organismo como el resto de los agentes involucrados en el hecho investigado, fueron procesados por el juez de Instrucción Gustavo Maldonado. A Sergio Medina, Daniel García, Gastón Sánchez y Alberto Moyano, se les atribuyó en su condición de funcionarios públicos el delito de peculado por haber liquidado en forma irregular en distintos meses de 2007 y 2008, sumas que oscilan entre los 2.000 y 3.000 pesos. Para este delito el Código Penal prevé una pena de prisión que va de los dos a los 10 años e inhabilitación absoluta perpetua.
Fueron procesados 16 trabajadores como partícipes necesarios de peculado, mientras que otros 11 agentes dependientes del CGE resultaron sobreseídos.
Acuerdo final
Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se había notificado en las últimas semanas que el tribunal integrado por Elvio Garzón, José María Chémez y Pablo Zoff iba a dar inicio el debate a los 20 procesados. Sin embargo, por el acuerdo avanzado entre la fiscal de Cámara Matilde Federik y los abogados defensores de los encartados se llegaron a distintos caminos de solución penal.
De los cuatros liquidadores del organismo que estaban más comprometidos, uno admitió la responsabilidad del delito de Peculado. Es Medina que acordó con la fiscalía la pena de dos años y seis meses de prisión condicional. Además, había acordado la devolución del dinero reclamado.
Esto derivó en que se descomprimiera la situación de los tres restantes liquidadores, que serán sancionados penalmente por el delito Imprudente en los actos administrativos.
En tanto que cuatro trabajadores solicitaron la probation con la devolución del dinero reclamado por parte del Estado.
Otro punto que se acordó, fue el de disponer que los 12 restantes empleados al pasar nueve años del avance de la causa y al no poder mantenerse las figuras penales con las que fueron imputados, se disponga la absolución por prescripción.
Finalmente se informó a diario Uno que si el tribunal homologa el acuerdo, los 12 trabajadores que no fueron condenados, podrían reclamar al Estado su reincorporación, en un trámite que dependería de la Fiscalía de Estado de la provincia.
