El lunes 18 de septiembre, el fiscal Ignacio Aramberri pidió formalmente ante el juez de Garantías Nº 3 Eduardo Ruhl, la elevación de la causa a juicio.
Aquel día, el fiscal adelantó que, sin perjuicio de situaciones que pudieran surgir del devenir del debate, solicitará la pena de 11 años de prisión para el perito por los delitos de Peculado y Sustracción de objetos custodiados reiterados.
Vitali, que actualmente se encuentra de licencia, es el último imputado que está vinculado a la causa por la escandalosa situación que puso en vilo al Poder Judicial cuando la investigación que llevó adelante Aramberri, con el máximo hermetismo, reveló que el perito balístico, junto a tres personas más, estaba involucrados en el robo de armas que quedaban en custodia bajo la responsabilidad del Estado, tras su secuestro y decomiso, y luego eran comercializadas en el mercado ilegal.
En lo estrictamente judicial, los primeros en resolver su situación a través del instituto del juicio abreviado, fueron el empleado judicial, que se desempeñaba en el Cuerpo Médico Forense, Mauro Maximiliano Bertoni, de 34 años; y los señalados como revendedores, Eduardo Román Borgogno, de 45 años, mecánico de motos; y Mario Alberto López Alonso, de 29 años, sodero y tatuador.
Los tres comparecerán como testigos en el juicio.
Bertoni y Borgogno consintieron cumplir con la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en tanto que López Alonso lo hizo por un año y seis meses, también de cumplimiento condicional.
A Bertoni, cuya responsabilidad está agravada por su condición de empleado judicial, se le atribuyó el delito de Peculado y Sustracción de objetos custodiados reiterados, en grado de partícipe necesario y coautor respectivamente, en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego en calidad de coautor; en tanto que a Borgogno y López Alonso, se les endilgaron los delitos de Receptación sospechosa en calidad de autor en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego agravada.
Testigos
La declaración como testigos de quienes, tal como lo reconocieron en respectivos juicios abreviados fueron parte de la maniobra, constituye un importante obstáculo para la defensa de Vitali, que resolvió remover a Marcos Rodríguez Allende de la responsabilidad de llevar adelante su defensa, depositando su confianza en los letrados Iván Vernengo y Damián Petenatti, socios de Rubén Pagliotto, quien realizó fuertes críticas mediáticas al STJ por la grave situación.
En este sentido, se destaca que en su declaración de imputado Bertoni complicó seriamente a Vitali, lo que fue incorporado al legajo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) como prueba de la responsabilidad del perito.
Además, según consta en el legajo, también complica a Vitali una pericia de un cuerpo de escritura que se realizó con un papel secuestrado en la casa de Bertoni, en el que se leen distintos tipos de armas y sus precios.
La pericia, realizada por peritos oficiales y de parte, arrojó que la letra de la lista peritada con otros documentos con la letra del perito, se corresponde con la de Vitali.
Durante la investigación Bertoni también declaró que le entregó a Vitali "aproximadamente entre 150.000 o 180.000 pesos", y recordó que "una vez le entregué 50.000 pesos de una vez", añadiendo que "hace cuatro años valían más o menos igual a lo que están valiendo ahora, que últimamente Vitali me decía que estaban más caras porque no se conseguían, por ahí mandaba oxidadas o en mal funcionamiento".
Los hechos
A Vitali se le atribuye que "durante aproximadamente dos años hasta el 6 de mayo de 2016, Antonio Daniel María Vitale y Mauro Maximiliano Bertoni, agentes del Poder Judicial de Entre Ríos, sustrajeron armas de fuego que se hallaban depositadas en dependencias de la oficina Sección Depósito de Efectos Secuestrados, situadas en el edificio del Palacio de Tribunales, sito en calle Narciso Laprida Nº 255 de Paraná.
Tales objetos, eran sacados por el primero de los nombrados de los lugares donde se encontraban y a los cuales éste tenía acceso en su carácter de perito oficial del Superior Tribunal de Justicia, especializado en balística. Para esto, contaron con la facilitación del responsable de la Sección referida, Fabricio Santapaola.
De tal modo, Vitale quebrantó el deber de custodia de esos objetos surgido de su condición de funcionario judicial. Luego de ser detraídas las armas de fuego eran entregadas por Bertoni a Eduardo Ramón Borgogno y a Mario López Alonso, para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario.
En concreto, se encargaban de conseguir los adquirentes además de "intervenir directamente en la propia gestión de venta y percibir el dinero resultante de las mismas. El dinero producto de esas ventas era repartido entre Bertoni, Borgogno y López Alonso, mientras que otra parte era entregada por el primero a Vitali. Así, se registró la sustracción de alrededor de setenta y dos armas de fuego".
