Una joven de 22 años denunció que sufrió una necrosis en el brazo izquierdo después de colocarse un implante anticonceptivo subdérmico en el Hospital de Rawson, provincia de Chubut. El procedimiento se realizó el 20 de marzo y, tras las complicaciones, la paciente debió ser sometida a una intervención quirúrgica para retirar el dispositivo. Por el caso, la Justicia imputó a una licenciada en obstetricia por el presunto delito de lesiones graves culposas.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Rawson, que busca establecer si existió una actuación negligente durante la colocación del anticonceptivo. La principal sospecha apunta a que la profesional habría utilizado una sustancia todavía no identificada en lugar de la anestesia habitual.
La obstetra investigada fue identificada mediante las iniciales L.R. y quedó formalmente imputada después de una audiencia judicial en la que se expusieron los primeros elementos probatorios. La Justicia dispuso un plazo de seis meses para avanzar con las pericias y determinar las circunstancias del episodio.
Sospechan que utilizaron una sustancia desconocida en lugar de anestesia
De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, la profesional no habría utilizado lidocaína, el anestésico local empleado habitualmente para este tipo de procedimientos.
En su lugar, según la acusación, habría aplicado otra sustancia cuya composición todavía no pudo establecerse. Los investigadores sospechan que ese producto pudo haber provocado la lesión que posteriormente evolucionó hacia una necrosis en el brazo de la paciente.
La necrosis consiste en la muerte de tejido corporal, que puede producirse por distintas causas, entre ellas alteraciones en la circulación sanguínea, infecciones o lesiones provocadas por determinadas sustancias.
En este caso, la Fiscalía intenta determinar qué producto se utilizó durante la intervención y si existe una relación causal entre su aplicación y el daño sufrido por la joven.
La acusación fue presentada durante una audiencia encabezada por la jueza de garantías Laura Martini, quien escuchó los argumentos de las partes y autorizó la apertura formal de la investigación.
La joven debió ser operada y no pudo ingresar a la Policía
Las consecuencias del episodio no se limitaron a la lesión física y a la necesidad de retirar quirúrgicamente el implante anticonceptivo.
Durante la audiencia, la víctima explicó que lo ocurrido afectó distintos aspectos de su vida cotidiana y también sus proyectos personales.
Según informó el portal ADN Sur, la joven no pudo continuar con los trámites y estudios médicos necesarios para ingresar a la Policía del Chubut, una de las metas que tenía antes del procedimiento.
Además, relató que la experiencia modificó su relación con los profesionales de la salud y le generó dificultades para volver a realizar consultas y tratamientos médicos.
Estas circunstancias fueron expuestas ante la Justicia como parte de las consecuencias que habría provocado la presunta mala praxis.
Qué pruebas reunió la Fiscalía para investigar a la obstetra
La presentación judicial estuvo a cargo de la abogada de la Fiscalía Daiana Sandoval, bajo la supervisión del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill.
Para avanzar con la investigación, el Ministerio Público Fiscal incorporó documentación médica, informes periciales y declaraciones testimoniales relacionadas con la atención recibida por la paciente.
Entre los elementos reunidos se encuentran las historias clínicas de la joven, informes forenses y testimonios de médicos del Hospital de Rawson, además de profesionales que participaron en las evaluaciones posteriores.
También se incorporaron declaraciones de familiares de la denunciante, quienes aportaron información sobre las consecuencias que tuvo el episodio.
Otra de las medidas realizadas fue un allanamiento en el establecimiento sanitario, donde se secuestraron elementos considerados relevantes para esclarecer el procedimiento.
El material será analizado para determinar qué sustancia se utilizó y establecer si la actuación de la profesional se apartó de las prácticas médicas correspondientes.
La Justicia fijó seis meses para esclarecer el caso
Durante la audiencia de apertura de investigación, el abogado Emilio Galende, codefensor de la obstetra imputada, no presentó objeciones al inicio del proceso ni a la calificación legal propuesta por la Fiscalía.
Ante esta situación, la jueza Laura Martini dispuso formalmente un plazo de seis meses para profundizar la investigación y reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido.
La magistrada también instó a las partes a evaluar la posibilidad de alcanzar una solución alternativa para resolver el conflicto.
La imputación por lesiones graves culposas implica que la Justicia investiga si el daño sufrido por la paciente fue consecuencia de una conducta negligente o imprudente durante la práctica médica.
Sin embargo, la responsabilidad penal de la obstetra todavía no fue determinada, ya que el expediente se encuentra en etapa de investigación.