El Gobierno nacional modificó el régimen de Aduana en Factoría mediante el DNU 252/2026, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria y facilitar las exportaciones. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece cambios en el esquema vigente desde 2002.
Según se detalla, la norma amplía el alcance del régimen al permitir la incorporación de proveedores de las empresas adheridas, quienes pueden importar insumos para integrarlos a procesos productivos destinados a bienes intermedios. Esta modificación apunta a fortalecer la cadena industrial y promover una mayor integración local.
Además, se eliminan restricciones consideradas barreras de acceso, como la exigencia de acuerdos previos con entidades sectoriales, lo que según el Ejecutivo limita la participación de empresas y puede afectar la competencia.
Cambios para facilitar el acceso y reducir costos
Otro de los puntos centrales del decreto es la flexibilización del sistema de garantías exigidas a las empresas. A partir de ahora, los beneficiarios pueden optar por distintos tipos de garantías, en lugar de una garantía global obligatoria, lo que permite reducir costos financieros y operativos.
Asimismo, se establece un plazo máximo de 60 días para que la autoridad aduanera evalúe las solicitudes de adhesión al régimen, una medida orientada a agilizar los trámites administrativos.
Desde el Ejecutivo se argumenta que estos cambios buscan eliminar obstáculos regulatorios, facilitar el ingreso de nuevos operadores y promover inversiones en el sector productivo.
Argumentos oficiales y contexto económico
En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que la medida responde a la necesidad de implementar reformas urgentes para mejorar la competitividad de la economía, en un contexto de fuerte competencia internacional.
También se indica que la experiencia del régimen en el sector automotriz muestra resultados positivos en términos de producción, exportaciones y empleo, por lo que se busca extender sus beneficios a otras ramas industriales.
En ese sentido, se remarca que la demora en la implementación de estas modificaciones puede perjudicar oportunidades comerciales y el desarrollo del aparato productivo nacional.
El decreto entra en vigencia dentro de 60 días desde su publicación oficial, mientras que su aplicación queda a cargo del Ministerio de Economía y los organismos aduaneros correspondientes.